Minería formal rechaza el cese total ante la amenaza de la ilegalidad.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) ha manifestado su profunda preocupación y rechazo ante la decisión gubernamental de suspender toda actividad minera en los distritos liberteños de Pataz, Parcoy y Tayabamba, implementada como respuesta al aumento de la inseguridad vinculada a la minería ilegal. Si bien el gremio minero apoya firmemente el restablecimiento del orden y el principio de autoridad en la zona, considera injusto y contraproducente que se paralice a las empresas formales que operan dentro del marco legal y que, paradójicamente, también son víctimas del avance del crimen organizado en la región.
La SNMPE advierte sobre las graves consecuencias económicas y sociales que acarreará esta medida, estimando la potencial pérdida de más de 4 mil empleos directos e indirectos. Además, señala los significativos riesgos operativos derivados de la interrupción abrupta de las operaciones formales, incluyendo posibles daños a infraestructura crítica y peligros ambientales como el colapso de presas de relaves. El gremio también alerta que esta paralización podría facilitar la toma de control de las instalaciones por parte de mineros ilegales y bandas criminales, debilitando aún más los esfuerzos por combatir estas mafias y generando pérdidas millonarias en canon, regalías y exportaciones de oro, cruciales para la economía nacional.
Finalmente, la SNMPE critica la falta de comprensión técnica del Gobierno sobre las dinámicas de la minería y cuestiona la efectividad del proceso de formalización impulsado por el Ministerio de Energía y Minas, señalando la desnaturalización del Reinfo. El gremio considera que la medida punitiva contra la minería formal envía una señal negativa a los inversionistas, afectando la seguridad jurídica y generando incertidumbre para futuros proyectos en el sector, crucial para el desarrollo económico sostenible del país.
