La minería en Perú es un tema en constante debate, ya que el país se destaca por su riqueza mineral y su potencial de desarrollo. A pesar de ser un privilegiado en recursos, la realidad del sector minero está marcada por la burocracia, la criminalidad y los conflictos socioambientales que han llevado a un retraso significativo en la ejecución de numerosos proyectos. En este contexto, surge la pregunta de cuán aplicable es el concepto de “licencia social para operar” o SLO, acuñado por Jim Cooney en 1997, y su relevancia en un entorno jurídico que parece no reconocer su existencia formal.
Uno de los ejemplos más candentes es el anuncio de Southern Peru Copper Corporation sobre el reinicio de operaciones del proyecto «Tía María», programado para el 1 de julio de 2024. Aunque la empresa dispone de las aprobaciones necesarias, como la certificación ambiental y la autorización de construcción, persiste un clima de incertidumbre sobre su viabilidad social. A pesar de cumplir con las normativas establecidas, el conflicto socioambiental que rodea al proyecto sigue siendo un obstáculo formidable. Las voces en contra argumentan que la falta de una licencia social clara hace que el entorno para operar sea aún más complicados.
Sin embargo, es crucial entender que, en el ordenamiento jurídico peruano, la licencia social no es considerada un título habilitante y carece de reconocimiento legal concreto. Este vacío legal abre la puerta a la confusión y al uso erróneo de este término, que, aunque se ha popularizado en el discurso social, no tiene correlato en la estructura normativa del país. De esta forma, se plantea una paradoja: mientras que el concepto de licencia social se ha vuelto común en las discusiones sobre responsabilidad empresarial, su ausencia en la ley deja a las empresas en una situación precaria, sin una herramienta clara para navegar los posibles conflictos.
La propuesta de la empresa de continuar con el desarrollo del proyecto «Tía María» está acompañada de la afirmación de que existen “condiciones sociales y políticas” favorables. Pero la realidad, como se refleja en el Reporte Defensorial N° 243, es que los conflictos siguen activos y el diálogo con las comunidades se mantiene ausente. Así, el retorno a la actividad minera se convierte en un acto de fe, donde la ausencia de una licencia social se traduce en riesgos potenciales no solo para la empresa, sino también para las comunidades y el medio ambiente. En este escenario incierto, la minería peruana debe reflexionar sobre cómo abordar estas dinámicas y construir un futuro donde la legitimidad social y el interés corporativo puedan coexistir de manera sostenible.
