La ANM niega la cuarta prórroga a Quebradona y pone en jaque un proyecto de US$ 1.400 millones
La Agencia Nacional de Minería (ANM) de Colombia ha sacudido el tablero extractivo al negar la cuarta solicitud de prórroga para la etapa de exploración del proyecto Minera de Cobre Quebradona, propiedad de la multinacional AngloGold Ashanti. Esta decisión, que ya es tendencia por sus implicaciones económicas y ambientales, marca un hito en la política minera del país, enviando un mensaje contundente: la viabilidad técnica y ambiental no es negociable. La noticia ha impactado al sector debido a que el proyecto, ubicado en Jericó (Antioquia), es uno de los depósitos de cobre más importantes de la región, esencial para la transición energética que el Gobierno busca liderar.
El punto de inflexión que hoy genera debate es la ausencia de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) válido, el cual permanece archivado por la autoridad ambiental (ANLA) desde hace años. La ANM argumentó que, tras tres prórrogas previas que sumaron nueve años adicionales, la empresa no logró demostrar avances concretos en la obtención de licencias ni un relacionamiento social efectivo con las comunidades locales, que se oponen férreamente por el riesgo a las fuentes de agua. Además, la superposición del título minero con una Zona de Reserva Temporal añade una capa de restricción legal que hace casi imposible la continuidad del proyecto bajo las condiciones actuales.
El impacto de este «no» rotundo de la ANM trasciende a Quebradona y redefine la seguridad jurídica en Colombia para este 2026. Al detener la etapa de exploración, el Estado recupera soberanía sobre el recurso, pero también abre un interrogante sobre el futuro de la inversión extranjera en minería a gran escala. Mientras las comunidades locales celebran el fallo como una victoria por el agua y el territorio, las cámaras gremiales advierten sobre la pérdida de miles de empleos potenciales y regalías. En este nuevo orden minero, el éxito ya no se mide solo por el potencial geológico, sino por la capacidad de las empresas para obtener la «licencia social» antes de que el reloj administrativo se agote.
