La Producción Ilegal Amenaza con Superar a la Minería Formal en Perú
Perú enfrenta una amenaza económica y socioambiental de proporciones históricas: se proyecta que la producción ilegal de oro podría superar a la formal, consolidando una crisis que va más allá de lo extractivo. El alza constante en los precios del oro ha servido de catalizador para el crecimiento descontrolado de una actividad que se estima genera un valor de miles de millones de dólares al año, operando en la total opacidad y sin fiscalización. Este crecimiento desmedido de la actividad ilegal no solo socava la economía formal al evadir impuestos y regulaciones, sino que también pone en jaque la seguridad del Estado y la integridad de sus áreas naturales.
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El epicentro de la controversia es el fallido Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). La continua extensión de su vigencia, lejos de ser una solución, es criticada por especialistas y gremios formales (como la SNMPE) que denuncian que el proceso ha sido ineficaz y ha servido como un mecanismo de blindaje para que miles de operadores sigan actuando con baja o nula regulación. Esta situación ha permitido que muchos «vivos» se inscriban solo para aprovechar los altos precios del metal precioso sin someterse a las exigencias ambientales, laborales y tributarias. La depuración urgente del REINFO se ha convertido en un requisito indispensable para poder trazar una línea clara entre la actividad legal e ilegal.
La magnitud del problema ha escalado al Congreso, donde propuestas legislativas, como la polémica «Ley MAPE» (Minería Artesanal y Pequeña Minería), han intentado establecer un régimen especial que, según expertos y críticos, solo busca legalizar actividades destructivas, como la minería aluvial prohibida, en detrimento de los territorios indígenas y las áreas naturales protegidas. La consecuencia más grave es la vinculación directa de esta actividad con el crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de activos y la trata de personas, lo que representa una amenaza directa a la seguridad nacional. El consenso actual es que Perú debe dejar de lado las soluciones a medias y trazar una estrategia contundente para erradicar el caos y la destrucción ambiental.
