En el contexto del reciente Congreso Nacional de Minería organizado por la Asociación Colombiana de Minería (ACM), un coro de voces se alzó en defensa del sector frente a la creciente presión tributaria que enfrenta. Empresarios y líderes del ámbito minero expresaron su preocupación por las desafortunadas regulaciones del gobierno, subrayando que el actual sistema fiscal está poniendo en riesgo la competitividad de Colombia en el mercado global. Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM, señaló que el impuesto de renta en la industria del carbón alcanza hasta el 45%, muy por encima del promedio en otras regiones del mundo. Este desajuste pone en evidencia la necesidad de una reforma tributaria que busque no solo mantener, sino reducir estos gravámenes en el corto plazo.
La tensión sobre la presión tributaria se intensifica con las opiniones de importantes figuras del sector como Ricardo Gaviria de Cerro Matoso, quien destacó que las regalías en Colombia son de las más altas a nivel mundial. Con un «government taking» que excede el 70%, la competitividad del país se ve seriamente comprometida. Este duro panorama hace urgente una conversación franca y abierta sobre las condiciones actuales de la minería, para que el sector no se convierta en uno de los más afectados por políticas inadecuadas y por un ambiente regulatorio asfixiante. Santiago Cardona Múnera, country manager de Mineros, también insistió en la importancia de un diálogo robusto entre el gobierno y las comunidades mineras para aliviar estas tensiones.
A medida que las empresas mineras buscan mantenerse a flote, los expertos advierten que no se trata de buscar beneficios fiscales, sino simplemente la libertad para operar sin obstáculos. Hernán Rodríguez de Dentons Cardenas & Cardenas enfatizó que los mineros quieren un entorno claro y seguro para el desarrollo de sus actividades. Con regulaciones que generan incertidumbre, la industria de la minería podría enfrentar un futuro incierto, incluso en comparación con otros países de Latinoamérica. La necesidad de una revisión cuidadosa de estos temas se vuelve imperativa si el país desea mantener su relevancia en el ámbito minero.
El gobierno nacional también se posiciona frente a estos desafíos. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, mencionó que la Ley de Financiamiento prevé una deducción de impuestos del 35% al 30%, pero lamentablemente, el sector del carbón queda excluido de esta reducción. En un contexto donde más del 70% de las actividades mineras se desarrollan en 170 municipios, la inversión estatal de $23 billones desde 2016 resalta la interdependencia entre el sector minero y el desarrollo territorial. La discusión sobre dónde y cómo puede coexistir la minería con la biodiversidad se hace más crucial que nunca. En definitiva, el futuro del sector depende de un diálogo constructivo que busque soluciones equitativas y sostenibles para todos los actores involucrados.
