En las últimas dos décadas, Perú ha sido testigo de una alarmante expansión de la minería ilegal, especialmente en la extracción de oro, esencial para diversas industrias, pero considerado un doble filo para la nación. Provincias como Madre de Dios, Puno y La Libertad se han convertido en epicentros de esta problemática, que comenzó a intensificarse a partir de 2003 debido a la escalada de los precios internacionales del oro. Este fenómeno, que ha traído consigo tanto oportunidades como retos, exige la atención inmediata del Estado, que debe reforzar su presencia en las zonas afectadas para abordar un problema que no solo es económico, sino también social y ambiental.
Los números son contundentes: hasta 2022, el oro exportado ilegalmente alcanzó la cifra asombrosa de US$ 1,841 millones, representando un 18% de las exportaciones auríferas del país. Aunque este panorama es desolador, cabe destacar que la minería artesanal y de pequeña escala también ha aumentado, buscando operar dentro de los marcos legales establecidos. Sin embargo, la creación en 2012 del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), diseñado para formalizar a los mineros pequeños y artesanales, ha tenido un impacto limitado. De las 87,000 inscripciones, solo el 20% ha culminado su proceso de formalización, lo que hace sospechar que una gran parte de la minería ilegal podría estar camuflándose entre aquellas que buscan la legalidad.
La proliferación de la minería ilegal en Perú puede ser atribuida a diversos factores interrelacionados, empezando por el atractivo económico que representan los altos precios del oro y la falta de empleo digno en zonas marginadas. La desesperación económica empuja a muchas personas a involucrarse en esta actividad, sin considerar las graves repercusiones que conlleva. La debilidad del Estado para controlar y regular estas áreas ha creado un vacío que es aprovechado por aquellos que operan al margen de la ley, a menudo con total impunidad.
Los impactos de la minería ilegal son devastadores. A nivel ambiental, la deforestación y la contaminación de cuerpos de agua y aire amenazan la biodiversidad y la salud pública. Socialmente, la minería ilegal a menudo se asocia con el trabajo forzado y el empleo infantil, perpetuando un ciclo de explotación. Económicamente, la evasión de impuestos por parte de estas actividades impide que el Estado genere ingresos que son vitales para el desarrollo del país. Es evidente que la participación activa del gobierno, junto con políticas integrales y un enfoque en la generación de empleo sostenible, son cruciales para revertir esta situación y garantizar un futuro más brillante para todos los peruanos.
