Las últimas revisiones realizadas al interior del Ministerio de Energía para presentar durante el primer trimestre en el Congreso el proyecto que busca modernizar y robustecer a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). Se trata de una iniciativa que surgió de la ruta energética elaborada por la exministra Susana Jiménez y que ha continuado la administración actual, impulsada por el subsecretario de Energía, Francisco López.
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El objetivo principal que tiene este proyecto es dotar de mayores funciones a la entidad, la que pasará a cubrir el total de los segmentos del sector, y que se llamará Superintendencia de Energía, reformando por completo la institución nacida a comienzos del siglo anterior con el nombre de Inspección Técnica de Empresas y Servicios Eléctricos. Recién en 1985 fue elaborada la normativa actual, que creó la agencia pública responsable de supervigilar el mercado de la energía.
“Esto va a dar atribuciones a la SEC para todo el sector energía, más amplio que solo electricidad y combustibles, pudiendo abordar temas de hidrógeno, en la leña y otros. Se van a fortalecer sus facultades fiscalizadoras y va a generar más certeza respecto a los fiscalizados de requisitos son los criterios que se aplican en los procesos de fiscalización y aplicación de multas”, explica el subsecretario Francisco López.
Para esto es que la iniciativa considera modificar la orgánica de la SEC, con foco en la supervigilancia y fiscalización de la normativa energética, donde se incluyen las normas legales, reglamentarias y técnicas sobre operaciones de generación, producción, almacenamiento, transporte, normas que regulan la calidad de servicio, entre otras. Según se expresa en un documento interno del Ministerio, con el proyecto la Superintendencia podrá impartir órdenes e instrucciones a las empresas distribuidoras de recursos energéticos respecto de criterios y metodologías para resolver reclamos.
Asimismo, incluya la potestad de ordenar la devolución de dineros cobrados en exceso o indebidamente en cuentas de servicios básicos bajo su esfera de acción, e instruir la reparación o reemplazo de los artefactos afectados por mal servicio. También propone la dictación de normas reglamentarias.
Otro de los enfoques de la iniciativa tiene que ver con dejar atrás la función exclusiva de persecución que tiene actualmente la SEC, con la intención de incorporar la opción de monitoreo del desempeño. En esta línea, se explica que se privilegia la búsqueda del cumplimiento normativo (beneficio para el usuario) antes que la sanción (beneficio del fisco), para lo que se introdujo mecanismos de cumplimiento previo al procedimiento sancionador y de remediación. Pero también existe detrás de esta estrategia la idea de unificar las normas relativas a la SEC que se encuentran dispersas en tres cuerpos legales distintos, por lo que el proyecto busca realizar diversas derogaciones expresas y autorizar la dictación de un decreto con fuerza de ley (DFL ) para tener un texto refundido de las tres leyes.
Autodenuncia y planes de acción
El proyecto incorpora la herramienta de la autodenuncia para los infractores, quienes tendrán que dar cuenta de los incumplimientos de la normativa energética, siempre que no hayan sido notificados, presentando, además, un plan de solución que permita subsanar las infracciones y eliminar o reducir los efectos del incumplimiento.
Dichos planes de acción están destinados a regularizar cualquiera de los alrededores de acción que tendrá la nueva SEC, donde se considera el rendimiento insuficiente de las instalaciones de almacenamiento, transporte, transmisión o distribución de recursos energéticos. “Si se cumplen los requisitos al efecto, la primera vez que se haga uso de este derecho, la Superintendencia no podrá formular cargos por los hechos autodenunciados. Si no se cumplen los requisitos o el plan de solución es insuficiente, se rechazará de plano y se iniciará el procedimiento sancionador respectivo”, sostiene la iniciativa.
Fuente: El Mercurio
