Representantes del creciente gremio minero de Ecuador alentaron este martes a una reactivación completa de las actividades de extracción bajo medidas de bioseguridad, con el fin de convertirlo en uno de los motores de desarrollo tras la pandemia del coronavirus.
En una rueda de prensa virtual, portavoces y ejecutivos de la Cámara de Minería del Ecuador (CME), la Cámara de Industrias y Producción (CIP) y la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca (CIPEM) manifestaron su apoyo a la reactivación completa.
«El sector minero legal se caracteriza por trabajar con altos estándares de seguridad, que hoy son reforzados con base en las necesidades específicas del COVID 19, y ahora estamos preparados para continuar las labores mineras en beneficio de todo el país», dijo María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la CME.
Y agregó que «hoy más que nunca, Ecuador necesita de inversión, actividades productivas y beneficios para las comunidades».
Ecuador, que va muy por detrás de vecinos como Perú o Chile en la explotación minera, es uno de los países más castigados por la pandemia del coronavirus y ve en la minería una forma de obtener dinero rápido para afrontar su abultada deuda.
Hace tres años, al iniciar su Gobierno, el presidente Lenín Moreno lo vio como una oportunidad frente a la debilidad financiera del país, aunque aseguró que lo desarrollaría de forma responsable, tratando con ello de eludir las críticas de grupos medioambientales e indígenas.
En ese momento, la minería representaba apenas un 1,25 % del PIB y su aspiración era llegar al 4 % al terminar su mandato en 2021, lo que por el momento parece inalcanzable.
Y con la pandemia, que ha vaciado aún más las arcas ecuatorianas, la minería adquiere una nueva importancia como plataforma de financiación.
Los responsables del gremio aseguraron que las dos minas en etapa de producción, ubicadas en la provincia de Zamora Chinchipe -Mirador, que exporta cobre, y Fruta del Norte, que produce oro-, no han tenido casos confirmados de COVID 19.
Por ello exhortaron a retomar sus actividades a ritmo habitual después de cuatro meses en los que el sector minero se ha visto paralizado en un 60 % «con el objetivo principal de precautelar el bienestar del personal y el entorno».
Desde el 15 de mayo, con la aprobación del Protocolo de Prevención en Bioseguridad para el sector Minero Frente a la Pandemia de COVID 19, aprobado por el Comité nacional de Operaciones de Emergencia (COE-n), la minería a gran escala ha reiniciado sus operaciones de manera gradual.
En defensa de esa reactivación, Pablo Zambrano, presidente ejecutivo de la CIP, destacó la importancia de la minería como «uno de los principales sectores productivos» y mencionó que en 2018 este sector representó el 53 % del total de la inversión extranjera directa en el país y una cifra que en 2019 decreció al 43 %.
Recordó asimismo que el 70 % de los ingresos tributarios en la provincia de Zamora Chinchipe, en la Amazonía, corresponden a la actividad minera.
Pero los pueblos indígenas se oponen al extractivismo, sea petrolífero o minero, por considerar que suponen una violación de la Naturaleza, y por la contaminación que estas actividades pueden acarrear.
Al cerrar la conferencia, Andrés Robalino, director ejecutivo de la CIPEM, exhortó a toda la ciudadanía a apoyar una reactivación segura que se desarrolle «de manera ordenada, en coordinación con las autoridades competentes y la comunidad a través de procesos de socialización».
Y coincidió con los otros ponentes en que «el reinicio de operaciones de las minas Mirador y Fruta del Norte, así como de los proyectos mineros a nivel nacional, contribuirá de manera significativa a mitigar el impacto económico de la crisis, especialmente a nivel local».
