La disputa por la isla Santa Rosa revela la cruda realidad de la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil, una zona «plagada» por la minería ilegal de oro, el narcotráfico y la tala ilegal, que operan ante la ausencia de una autoridad efectiva.
La reciente controversia entre el presidente colombiano, Gustavo Petro, y Perú por la soberanía de la isla Santa Rosa ha puesto en el foco una problemática mucho más profunda: el clima de ilegalidad y violencia que impera en la triple frontera amazónica. Según el especialista Pedro Yaranga, esta zona —conformada por Santa Rosa (Perú), Tabatinga (Brasil) y Leticia (Colombia)— está “plagada” de delitos como el narcotráfico, la minería ilegal de oro, la tala ilegal y la extorsión. Yaranga advirtió que la minería ilegal de oro ha crecido significativamente en los últimos tres años, superando incluso la rentabilidad del narcotráfico en la región. Además, grupos criminales colombianos han estado ingresando a territorio peruano para incentivar el cultivo de hoja de coca, lo que intensifica la crisis.
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Un ciudadano colombiano de la zona corroboró esta situación, criticando la «ausencia» de la autoridad colombiana en las fronteras del Amazonas y el Putumayo. Esta falta de control ha permitido que los grupos criminales prosperen, causando graves problemas de seguridad y ambientales. En Colombia, un monitoreo satelital reciente identificó 56 dragas activas entre noviembre de 2024 y abril de 2025 en los ríos amazónicos Puré y Cotuhé. Esta minería ilegal, que se extiende por zonas protegidas y cruza las fronteras con Perú y Brasil, no solo contamina los cuerpos de agua con mercurio, sino que también afecta la salud de las comunidades locales y fortalece las economías ilícitas transnacionales.
En medio de la creciente tensión diplomática, los ejércitos de Perú, Colombia y Ecuador protagonizaron un hecho histórico: la primera «Tripartita de Inteligencia Militar». La reunión, celebrada en Puerto Leguízamo, tuvo como objetivo establecer una estrategia conjunta para ejecutar operaciones simultáneas contra las actividades ilícitas. Esta iniciativa es un reconocimiento tácito de que la problemática va más allá de las disputas territoriales y requiere una cooperación regional coordinada para combatir el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de armas, que representan una seria amenaza para la estabilidad y seguridad de la región amazónica.
