Ministro de Economía Advierte Fines Políticos en Suspensión de Contratos Millonarios
El ministro de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia, Marcelo Montenegro, ha advertido sobre móviles políticos detrás del fallo judicial que ordena la suspensión inmediata de los contratos entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y las empresas internacional Uranium One Group (Rusia) y Hong Kong CBC (China). Estos acuerdos buscan industrializar el litio en el Salar de Uyuni. Montenegro lamentó que la determinación del tribunal de Colcha K perjudique el progreso de los departamentos de Potosí y Oruro, y, por extensión, de toda Bolivia, señalando que «no se ve la necesidad y la importancia de que las regiones puedan desarrollar su progreso a partir de estos recursos naturales tan importantes».
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El ministro enfatizó que «queda claro que el perjudicado es el país» y que la suspensión de estos contratos, que involucran la prestación de servicios tecnológicos para la extracción de litio, retrasará el avance de Potosí y Oruro. El fallo judicial responde a una acción popular presentada el 12 de mayo por la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (Cupconl) contra YLB y las mencionadas empresas. Montenegro también criticó la falta de apoyo de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en la aprobación de estos proyectos, argumentando que hay «corresponsabilidad» por no haber impulsado el desarrollo regional desde esas entidades.
Los contratos en cuestión son significativos para el futuro del litio boliviano. En septiembre de 2024, YLB y Uranium One Group firmaron un acuerdo para producir 14.000 toneladas de carbonato de litio al año en el Salar de Uyuni, con una inversión superior a los US$970 millones, utilizando tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL). Posteriormente, en noviembre de ese mismo año, YLB y Hong Kong CBC suscribieron otro contrato por US$1.030 millones para la construcción de dos plantas de producción de carbonato de litio, también con tecnología EDL, con capacidades anuales de 10.000 y 25.000 toneladas. Este freno judicial representa un obstáculo importante para la estrategia de industrialización del litio en Bolivia.
