El Ejecutivo oficializa cambios clave al Reglamento de Minería para agilizar inversiones y formalización
En un movimiento estratégico para dinamizar el motor económico del país, el Gobierno peruano ha oficializado importantes modificaciones al Reglamento de la Ley General de Minería y normativas de formalización este 2026. La noticia es tendencia absoluta porque busca desatar los nudos burocráticos que frenaban proyectos medianos y pequeños, optimizando los procesos administrativos para la obtención de concesiones y permisos operacionales. Con estas medidas, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) apunta a reducir los plazos de evaluación hasta en un 30%, enviando una señal potente a los mercados globales de que el Perú está listo para acelerar su cartera de proyectos mineros en un contexto de precios récord de los metales.
Lo que resulta impactante para el sector es el nuevo enfoque en la seguridad jurídica y fiscalización inteligente. Las modificaciones introducen criterios más rigurosos para la permanencia en el REINFO (Registro Integral de Formalización Minera), estableciendo plazos definitivos hasta diciembre de 2026 para que los mineros artesanales completen su transición a la legalidad. Esta normativa es tendencia porque ataca directamente la incertidumbre que rodeaba al proceso de formalización, castigando la inacción y premiando a quienes adoptan estándares ambientales y de seguridad. El mercado observa con optimismo cómo el Ejecutivo retoma la rectoría del sector, buscando erradicar las malas prácticas sin asfixiar la actividad productiva lícita.
El impacto de este nuevo marco legal redefine la competitividad de la minería peruana para la segunda mitad de la década. Al integrar herramientas digitales para el seguimiento de expedientes y clarificar las responsabilidades de los gobiernos regionales, la reforma promete atraer una nueva ola de inversiones en exploración y explotación. Para 2026, estas «reglas de juego» renovadas no solo garantizan una minería más ética y responsable con el entorno, sino que blindan el aporte fiscal del sector, asegurando que la riqueza mineral se traduzca en desarrollo tangible. Perú reafirma así su posición como el destino minero más atractivo de la región, equilibrando la agilidad comercial con el orden social.
