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Venezuela rechazó el sábado el fallo de una corte de Delaware a favor de la firma minera canadiense Crystallex que autoriza la venta de las acciones de Citgo —la filial estadounidense de la petrolera venezolana PDVSA— como parte de una compensación de 1.400 millones de dólares por las pérdidas ocasionadas tras la expropiación de sus concesiones e inversiones en el país sudamericano.
El canciller Jorge Arreaza afirmó que el fallo del juez Leonard P. Stark fue la culminación de un “proceso jurídico fraudulento” que pretende, según dice, “arrebatarle” a Venezuela “el principal activo que tiene en el exterior para recibir ingresos de la producción” petrolera.
El fallo del jueves a favor de Crystallex autoriza la venta de las acciones de la filial venezolana y contempla la designación de un encargado de supervisar la operación de traspaso de la propiedad de esos títulos, al margen de cualquier control de los funcionarios del gobierno venezolano y la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
El fallecido presidente Hugo Chávez retiró las concesiones de oro y se hizo cargo de las operaciones de Crystallex y de muchas otras compañías internacionales, acusando a las mineras de dañar el medio ambiente y violar los derechos de los trabajadores.
A comienzos de 2009, la entonces administración de Chávez anunció la toma por parte del gobierno venezolano de las operaciones de firmas canadienses en el estado Bolívar, una región rica en minerales con uno de los yacimientos de oro más grandes del continente.
El juez de Delaware desconoció las mociones presentadas por Citgo Petroleum y su matriz, PDV Holding (PDVH), para bloquear el embargo. Al respecto, Arreaza destacó que se impidió a los “representantes legítimos de Venezuela, la debida defensa integral y efectiva de los intereses patrimoniales de la República”.
“Alertamos a la comunidad internacional del peligro que representa para las inversiones y empresas extranjeras en los Estados Unidos de América” el fallo y “el gravísimo riesgo al que están sujetos sus intereses frente a maniobras de esta naturaleza dirigidas a confiscar activos extranjeros mediante gigantescos fraudes procesales y acciones unilaterales violatorias del derecho internacional”, agregó Arreaza, leyendo un comunicado.
Citgo tiene tres refinerías en Louisiana, Texas e Illinois, entre otros activos con un valor estimado de 8.000 millones de dólares. En conjunto, las refinerías procesan unos 750.000 barriles de crudo a diario.
Arreaza advirtió que el fallo podría desencadenar una disputa por parte de una lista de acreedores.
La actuación del juez Stark fue de “tal manera hostil que sugiere a otros acreedores que no fueron parte en el juicio a su cargo para que se presenten a participar en la rebatiña que ha declarado sobre las acciones de Citgo”, aseveró el canciller.
Crystallex pasó años tratando de negociar un acuerdo con Venezuela, antes de presentar su caso ante un panel de arbitraje del Banco Mundial. Caracas apeló vigorosamente esas y otras acciones.
“Venezuela jamás renunciará a sus derechos e intereses en las instancias que corresponda en aras de preservar el patrimonio en el que el único propietario es el pueblo venezolano”, insistió Arreaza.
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