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SANTIAGO, 15 jun (Reuters) – La agencia calificadora Moody’s dijo el miércoles que la incertidumbre sobre el impacto de una nueva Constitución en Chile sobre el sector minero persistirá mientras no se aprueban todas las leyes que definan su alcance, lo que afectará las inversiones y proyectos futuros.
En un seminario para evaluar el efecto del texto propuesto en la economía del mayor productor mundial de cobre, la analista Bárbara Mattos dijo que el resultado es mejor a lo esperado ya que las propuestas más radicales no fueron aprobadas, pero hay temas pendientes.
«Un factor muy importante será la legislación para reglamentar todas las normas establecidas por la Constitución, lo que posiblemente traerá cambios en las condiciones para realizar inversiones a largo plazo o implicaciones quizás negativas para el crecimiento potencial del sector», dijo la experta.
«No está todavía claro como serán las leyes específicas, entonces hay incertidumbre sobre todo si pensamos en inversiones futuras en nuevos proyectos», agregó.
A su parecer, la nueva Constitución no luce tan protectora de la inversión privada a largo plazo como la actual y hay un incentivo al papel del Estado, así como una protección ambiental y social más amplia.
Como ejemplo, explicó que una prohibición de actividades en torno a glaciares podría potencialmente impactar a 20-25% de la producción actual y algunos proyectos de expansión, aunque no se sabe si finalmente afectará a los yacimientos en operación.
Con esa limitación y otras normas como priorizar el uso del agua para consumo humano habrá mayores costos y necesidades de inversión más alta, lo que se sumado a un previsto mayor impuesto, traería una disminución en los flujos de efectivo para las empresas, señaló.
«A menos que las reglas sean claras no debemos ver un incremento de la inversión en Chile aunque el país tenga algunos de los mejores yacimientos mineros del mundo, en particular de cobre», afirmó Mattos.
Además de la gigante estatal Codelco, en el país operan multinacionales como BHP, Anglo American y Freeport.
Por otro lado descartó que el nuevo marco legal pueda impulsar protestas sociales como las que han afectado la producción en el vecino Perú pero sí consideró que podría generar «desafíos» en las negociaciones contractuales mineras, que en el pasado han golpeado las operaciones.
La propuesta de Constitución será votada en un referendo obligatorio el 4 de septiembre, que una encuesta reciente mostró que está reñido entre las opciones de apruebo y rechazo aunque todavía con una enorme cantidad de indecisos. (Reporte de Fabián Andrés Cambero, editado por Natalia Ramos)
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