El reconocido economista Carlos Adrianzén plantea que para lograr avances significativos en la inversión minera, como en el caso de Tía María en Arequipa, es vital garantizar el orden público en el país. Según Adrianzén, es fundamental que toda inversión sea respetuosa de la institucionalidad peruana y opere dentro de un marco legal establecido.
En sus declaraciones, Adrianzén enfatiza la importancia de que las inversiones privadas en el sector minero respeten las reglas y no requieran privilegios especiales, instando a una fiscalización adecuada de los fondos detrás de las protestas sociales. Destaca que el equilibrio entre los intereses mineros, agrícolas y antimineros es crucial, subrayando la necesidad de conocer el origen de los recursos destinados a estas manifestaciones.
Además, se destaca la urgencia de que el Estado garantice el orden público a nivel nacional para asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes. Adrianzén defiende la idea de un Estado que brinde seguridad a sus ciudadanos y no abdique de su responsabilidad, alejándose de enfoques que podrían conducir a escenarios similares a los del chavismo.
En otro aspecto, se aborda el desafío de la informalidad en la economía nacional, proponiendo la creación de leyes inteligentes que no excluyan a ningún actor y una autoridad policial eficiente para mantener el orden público. Se destaca la importancia de que tanto los pequeños empresarios como los mineros informales respeten las leyes, paguen impuestos y reciban servicios estatales adecuados, asociando proyectos como Tía María a prácticas comerciales limpias y éticas.
