Fuerabamba Abandona Diálogo: La Crisis en el Corredor Minero Sur se Agrava
El conflicto en el Corredor Minero Sur ha escalado drásticamente tras el abrupto retiro de los representantes de la comunidad de Fuerabamba, Apurímac, de una mesa de diálogo crucial en Chalhuahuacho. A pesar de que la mayoría de los asistentes, incluyendo autoridades locales y representantes civiles, estaban dispuestos a liberar las vías y convocar a la minera Las Bambas a una mesa técnica para abordar el litigio de tierras, los comuneros optaron por abandonar la reunión sin firmar ningún compromiso. Este distanciamiento agudiza un ambiente ya tenso, exacerbado por recientes actos de violencia que incluyen un ataque a las instalaciones de Las Bambas el pasado sábado 17 de mayo, resultando en 38 agentes de seguridad heridos y la quema de dos garitas, además del bloqueo sostenido de la operación por más de 20 días.
La escalada de violencia no cesó. El mismo fin de semana del ataque, aproximadamente 60 comuneros, liderados por Edison Vargas Huamanga, bloquearon el sector Yavi Yavi, interrumpiendo el tránsito en la carretera nacional. La situación empeoró el domingo 19 de mayo, cuando un camión cisterna de una contratista de Las Bambas fue interceptado e incendiado en la zona de Molinopampa. Estos incidentes han generado una profunda preocupación por el incremento de la violencia en el Corredor Minero Sur, poniendo en riesgo la estabilidad de una de las arterias económicas más importantes del país.
El meollo del conflicto reside en la disputa por un predio de 40 hectáreas en Tamboccasa, actualmente en posesión de la empresa minera y de la familia Cruz Portocarrero. Fuerabamba sostiene que estas son tierras comunales ancestrales que no fueron incluidas en el acuerdo de permuta firmado en 2014, y que eran vitales para actividades de pastoreo y rituales andinos. La falta de una solución estatal a esta disputa ha paralizado operaciones clave de cobre, comprometiendo gravemente la economía regional, dado que Las Bambas representa el 75% del PBI de Apurímac y cerca del 1% del PBI nacional, poniendo en jaque el diálogo y la estabilidad económica del país.
