«¡Gremios Empresariales Exigen Acción Urgente del Gobierno para Combatir la Criminalidad Organizada!»
La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la Asociación de Gremios Agrarios del Perú (AGAP), la Cámara de Comercio Exterior del Perú (COMEX) y el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) se unen en un llamado enérgico al Gobierno para que reconsidere su postura ante la ley que deroga el Decreto Legislativo 1607, y que, según ellos, respalda la actividad del crimen organizado y la minería ilegal.
Víctor Gobitz, presidente de la SNMPE, expresó su preocupación por la decisión del Parlamento y destacó la importancia de mantener un ambiente propicio para las inversiones que impulsarán la economía del país. En una conferencia de prensa, Gobitz denunció que la derogación del decreto legislativo solo fortalece a la criminalidad, y llamó a una acción coherente por parte del Gobierno.
Leonie Roca, vicepresidenta de CONFIEP, criticó la falta de respuesta del Ministerio de Energía y Minas ante la situación, instando a tomar medidas urgentes para revertir esta ley que, según ella, debilita los esfuerzos contra la criminalidad. La aprobación apresurada de la ley en el Congreso en tan solo 12 horas levantó sospechas sobre su legitimidad y su impacto en la seguridad ciudadana.
Alonso Rey, segundo vicepresidente de COMEX, señaló que esta decisión envía una señal negativa a los inversionistas privados y pone en riesgo la estabilidad económica del país. En un contexto donde la criminalidad afecta no solo a los ciudadanos, sino también al comercio exterior y al turismo, la necesidad de actuar con firmeza se vuelve imperativa.
Darío Zegarra, vicepresidente del IIMP, reveló cifras alarmantes sobre la minería ilegal y sus impactos en la economía y la sociedad. La falta de formalización minera y el incumplimiento de requisitos básicos han permitido que una parte significativa del oro exportado provenga de fuentes ilegales, generando pérdidas económicas y sociales significativas para el país. La urgencia de abordar esta problemática se vuelve evidente ante el panorama desafiante que enfrenta el Perú.
