Se crea una subcomisión para revisar el controvertido DS 012, buscando un análisis técnico y jurídico que garantice la formalización minera sin retrocesos.
Tras la primera mesa de diálogo entre el Ejecutivo, ministerios, gremios, congresistas y mineros informales, se ha llegado a un acuerdo clave: la implementación de una subcomisión de trabajo para revisar el Decreto Supremo N.º 012-2025-EM. Este decreto excluyó del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) a más de 50,000 mineros que no lograron completar su proceso de formalización y, por ende, se mantuvieron en la informalidad. El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, aclaró que la solicitud de examinar los temas de carácter legal provino de los mismos mineros informales, y que la creación de este subgrupo busca un análisis técnico y jurídico de los términos legales del decreto, sin que esto signifique un «retroceso en la formalización».
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El congresista Paul Gutiérrez, todavía presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, y Máximo Franco Becquer, presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), confirmaron la decisión. El objetivo de esta nueva subcomisión, que será instalada el lunes a las 9 a.m., es evaluar las disposiciones legales emitidas y proponer correcciones que aseguren la continuidad del proceso de formalización para miles de pequeños productores mineros. Gutiérrez enfatizó que el propósito es evitar que «vuelva a pasar lo mismo: se instalan mesas de trabajo, pero al final no se llega a ninguna solución», buscando una formalización con garantías jurídicas y técnicas.
Adicionalmente, los mineros han solicitado la suspensión de las acciones de interdicción contra aquellos que se encuentran en pleno proceso de formalización. Su argumento es claro: dichas medidas coercitivas deben aplicarse exclusivamente a quienes operan de manera completamente ilegal, diferenciándolos de aquellos que, aunque aún no formalizados, están activamente buscando cumplir con los requisitos legales. Este punto es crucial para la confianza y la sostenibilidad del proceso de formalización en el sector.
