Antamina recupera el control de un sector de su propiedad en Huacacocha, que había sido invadido por comuneros, reafirmando su compromiso con el diálogo y la legalidad, mientras denuncia la exposición a riesgos y los daños a la propiedad.
La Compañía Minera Antamina ha retomado el control del sector Huacacocha, un terreno de su propiedad que había sido ocupado ilegalmente desde el 15 de agosto por algunos miembros de la Comunidad Campesina de Huaripampa. La empresa informó que, ante la falta de sustento legal en los reclamos de usurpación de terrenos y la persistencia de las acciones ilegales, se vieron obligados a recuperar el área con la presencia de la Policía Nacional. La minera lamentó la situación, pues durante más de 25 años, la relación con la comunidad había sido pacífica y fructífera, y los acuerdos de compra de tierras de 1998 nunca habían sido cuestionados hasta ahora.
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Antamina aseguró que agotó las instancias de diálogo en reiteradas oportunidades para atender los reclamos, pero la dirigencia de la comunidad respondió con amenazas de «acción social» en caso de no obtener resultados favorables. La empresa calificó estas acciones de la dirigencia como irresponsables, ya que expusieron a los comuneros a situaciones de riesgo al ingresar a zonas sensibles, como la presa de relaves. Aunque el intento de enfrentar a las fuerzas del orden por parte de un reducido grupo de comuneros resultó en daños a la maquinaria y los equipos, la minera confirmó que no se registraron heridos ni se interrumpió el normal desarrollo de sus operaciones.
La compañía reafirmó que cuenta con todos los argumentos legales para acreditar la propiedad de los terrenos y exhortó a las autoridades a investigar y determinar las responsabilidades del caso. Antamina concluyó su comunicado reiterando su compromiso con una relación armoniosa con las comunidades vecinas, destacando que los conflictos sobre propiedad deben resolverse a través de los mecanismos legales establecidos en la legislación peruana. Este evento subraya la importancia de la seguridad jurídica y la necesidad de un diálogo constructivo para resolver las disputas en el sector minero.
