La suspensión minera formal desata severas consecuencias económicas y laborales.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) ha emitido una contundente advertencia sobre el grave impacto económico que la suspensión total de la actividad minera formal e informal por 30 días en Pataz, Parcoy y Tayabamba tendrá en la región de La Libertad y en el país. El gremio estima que la región dejará de percibir más de S/ 25 millones mensuales solo por concepto de canon y regalías mineras. A nivel nacional, la paralización implicaría una pérdida de más de US$ 80 millones mensuales en exportaciones de oro, considerando que La Libertad contribuye con un tercio de la producción aurífera del Perú. Esta medida afectaría directamente a las comunidades que dependen de las operaciones formales y que ya sufren las consecuencias de la minería ilegal.
En el ámbito laboral, la suspensión pone en riesgo más de 4,000 puestos de trabajo directos e indirectos vinculados a las empresas formales en la zona. Ante la imposibilidad de operar, las compañías podrían verse obligadas a aplicar la suspensión perfecta de labores, dejando a sus trabajadores sin ingresos y generando un efecto dominó en contratistas, pequeños negocios locales y las comunidades aledañas. Además de las repercusiones económicas y laborales, la SNMPE alerta sobre los serios riesgos operativos y ambientales que conlleva la detención abrupta de una unidad minera formal, incluyendo el potencial colapso de presas de relaves por falta de supervisión, así como el aumento del riesgo de inundaciones y acumulación de gases tóxicos si no se permite el acceso del personal técnico para el mantenimiento esencial.
Finalmente, la SNMPE critica la medida por debilitar la estabilidad jurídica del país y desincentivar futuras inversiones en el sector minero. El gremio advierte que esta paralización podría dejar el terreno libre para que las mafias criminales vinculadas a la minería ilegal tomen el control de las instalaciones formales, que actualmente se encuentran bajo amenaza. La suspensión, concebida para combatir la ilegalidad, paradójicamente podría fortalecerla, al tiempo que castiga a las empresas que operan dentro del marco de la ley y sostienen una parte importante de la economía regional y nacional.
