Gobierno responde con contundencia tras asesinato de mineros
Tras el asesinato de 13 trabajadores en Pataz, la presidenta Dina Boluarte anunció cinco medidas extraordinarias para recuperar el control del territorio y enfrentar al crimen organizado. Estas acciones incluyen el establecimiento de un toque de queda para restringir la movilidad y facilitar los operativos de seguridad, así como el despliegue de las Fuerzas Armadas para asumir el control territorial, reemplazando a la Policía Nacional en tareas clave.
Para fortalecer la presencia del Estado en la zona, se instalará una base militar permanente en Pataz, lo que permitirá una respuesta rápida y sostenida ante futuras amenazas. Además, el Ejecutivo ordenó la suspensión total de las operaciones mineras durante 30 días, afectando tanto a la minería formal como informal, para facilitar la intervención de las fuerzas del orden.
Finalmente, el Gobierno solicitará al Congreso facultades legislativas para dictar normas urgentes contra el «terrorismo urbano», término utilizado para describir a las mafias criminales que operan con extrema violencia. El objetivo es reformar el marco legal y endurecer las sanciones contra estos delitos, buscando desarticular las redes criminales y restablecer el orden en la región.
