Operativos en el río Nanay destruyen 13 dragas ilegales, revelando niveles críticos de mercurio que ponen en riesgo la salud de las comunidades locales en la Amazonía.
El Ministerio Público y la Marina de Guerra del Perú han llevado a cabo una serie de operativos contundentes contra la minería ilegal en el río Nanay, una fuente crucial de agua potable para más de medio millón de personas en Iquitos. Según el fiscal superior Frank Almanza, en una semana de acciones se logró la destrucción de 13 balsas tipo draga, tres balsas desmanteladas y campamentos que contenían combustible y materiales para la extracción ilegal de oro. Las intervenciones se realizaron en zonas como Alvarenga, San Juan de Urunday y Huiracocha, con el apoyo de diversas entidades como la Dirmeamb, Aduanas, Sernanp y organizaciones de conservación, demostrando una respuesta coordinada del Estado ante esta problemática.
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A pesar de la contundencia de los operativos, la captura de los implicados sigue siendo un desafío, ya que los mineros huyen con facilidad al detectar la presencia de las autoridades. Actualmente, se estima que más de 100 dragas ilegales operan en la región, y 75 de ellas ya han sido mapeadas, lo que subraya la magnitud del problema. La minería ilegal en la zona ha generado un problema ambiental y sanitario crítico. Un estudio del CINCIA y la Sociedad Zoológica de Frankfurt Perú reveló altos niveles de exposición a mercurio en comunidades cercanas: de 273 personas evaluadas, el 79% superó el umbral recomendado por la OMS, con el 37% presentando un riesgo alto.
Las autoridades han enfatizado que estas operaciones buscan no solo proteger la biodiversidad, sino también la salud de las comunidades de la Amazonía. Con el apoyo de imágenes satelitales y reconocimiento aéreo, las entidades continúan con el mapeo de dragas en un esfuerzo por frenar la contaminación de los ríos Nanay y Pintuyacu. Este trabajo de fiscalización y destrucción de maquinaria ilegal es un paso esencial para restaurar el equilibrio ecológico de la región y proteger a la población de los graves impactos sanitarios que provoca el uso indiscriminado de mercurio en la minería ilegal.
