Inversiones Récord y el Reto Ilegal en Perú
La minería peruana se consolida como el motor económico indiscutible de la nación, experimentando un impulso imparable que la sitúa en el epicentro de la atención global. Con un crecimiento de las exportaciones que superó el 15% solo en la primera mitad del año, el sector ha acaparado casi dos tercios (65.9%) del valor total exportado por el país, un hito que subraya su rol vital. Esta expansión, impulsada principalmente por el cobre y otros productos metálicos estratégicos, reafirma el liderazgo de Perú en el mercado mundial y proyecta una sólida estabilidad en un contexto de demanda energética global creciente.
Este auge no es casual. El sector se encamina a cerrar el año con una inversión total cercana a los US$ 6,000 millones, lo que representa un crecimiento significativo y un compromiso firme con la exploración. Gran parte de estos fondos se dirigen a la búsqueda de minerales críticos como el litio, esencial para la transición energética global, y a robustecer la posición del país como segundo productor mundial de cobre. Además, la tendencia actual está marcada por la innovación: la adopción de tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial (IA), el Internet de las Cosas (IoT) y la automatización, transformando las operaciones hacia una minería más eficiente, sostenible y con un fuerte enfoque en los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza).
No obstante, en medio de este panorama de prosperidad y modernización, persiste una sombra que amenaza el potencial completo del sector: la minería ilegal. Calificado como un «flagelo internacional» que no respeta fronteras ni el Estado de derecho, su combate se ha convertido en una prioridad gubernamental. Este desafío, que utiliza la corrupción para sus fines y pone en riesgo el desarrollo sostenible, actúa como el contrapeso de la inversión formal y sostenible. El futuro de la minería peruana no solo reside en la maximización de su producción, sino en la capacidad de simplificar los marcos regulatorios para la formalización y erradicar esta actividad ilícita, asegurando que los beneficios económicos beneficien a toda la sociedad.
