En la creciente batalla contra la minería ilegal en Perú, el analista político Enrique Valderrama ha enfatizado la necesidad de una estrategia que combine inteligencia policial, presencia efectiva del Estado y soporte militar. Valderrama, en una conversación con Rumbo Minero, señala que la militarización de zonas clave podría ser una herramienta vital, aunque con matices, comparándola con las tácticas utilizadas en la lucha contra el terrorismo. A su juicio, una acción coordinada entre fuerzas de seguridad y políticas públicas sólidas es fundamental para abordar esta problemática.
Sin embargo, Valderrama critica la falta de claridad en el enfoque del gobierno actual ante el problema, resaltando una reducción del21% en el presupuesto destinado a combatir economías ilegales, a pesar de que el desafío ha crecido significativamente. Refiriéndose a las cifras impactantes de las economías ilegales, Valderrama señala que, en los últimos diez años, el narcotráfico ha generado pérdidas de670 millones, mientras que la minería ilegal ha alcanzado un alarmante total de8 mil millones. Esta disparidad resalta la urgencia de centrar esfuerzos en la minería ilegal como prioridad del Estado.
El recorrido hacia una solución también implica abordar los delitos ambientales asociados con la minería ilegal. Valderrama critica la escasa aplicación de la ley y propone un enfoque preventivo que permita a aquellos que desean formalizarse cumplir con estándares ambientales más altos. Sugiere, además, facilitar la importación de maquinaria ecocompatible para el procesamiento de mineral, lo que podría incentivar a los mineros ilegales a optar por la formalización. Esta estrategia, según él, podría ser particularmente efectiva en el norte del país, donde se concentra la mayor producción de oro.
Por último, Valderrama hace un llamado a la voluntad política para implementar estas medidas urgentes. A pesar de que se identifica claramente la ubicación de las actividades ilegales, la respuesta estatal ha sido insuficiente. Aboga por una formalización rigurosa para quienes deseen operar dentro de la legalidad, y por acciones severas contra aquellos que persistan en prácticas ilegales. Su conclusión es clara: sin un compromiso decidido del gobierno y del parlamento, la lucha contra la minería ilegal seguirá siendo un desafío persistente que amenaza la legalidad y la sostenibilidad ambiental en el país.
