Perú entre el martillo del conflicto y el yunque de los trámites eternos.
Perú se encuentra en una encrucijada crítica: mientras la simplificación de trámites se promueve como la panacea para impulsar la inversión minera, la realidad es que el país sigue atrapado en una red de «permisología» que asfixia tanto a la gran minería como a la formalización de la pequeña escala. El Gobierno, a través del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), ha prometido una «plataforma única e integrada» y la aceleración de permisos a partir de 2025 para desburocratizar el sector, pero la desconfianza es alta. En un país donde la lentitud administrativa es legendaria, reducir los plazos no es solo una reforma tecnológica, sino un desafío cultural y político que debe demostrar resultados tangibles o, de lo contrario, la inversión prometida seguirá siendo solo una cifra en el papel.
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El verdadero problema que subyace es la explosiva combinación de conflictos sociales y minería informal/ilegal. Más del 50% de los conflictos sociales en Perú están ligados a temas socioambientales y el 62% de ellos al sector minero. La situación se agrava con el controversial Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), que ha fracasado en su objetivo: de 84,000 mineros informales registrados, solo un minúsculo 2.4% ha completado su formalización. El Congreso, en un movimiento polémico, busca extender el REINFO hasta 2027, lo que es criticado por el sector privado y ambientalistas por sacrificar la protección ambiental para evitar un colapso social. La presión por «pasar la valla ambiental» de miles de expedientes mediante evaluaciones grupales y el temido silencio administrativo solo añade más incertidumbre legal y riesgo ambiental.
La nueva regulación, a pesar de sus buenas intenciones declaradas—como depurar el REINFO e impulsar la fiscalización laboral—, no puede ignorar que la criminalidad asociada a la minería ilegal se ha disparado, llegando a financiarse campañas políticas. La clave del éxito no está solo en la velocidad, sino en la trazabilidad y el control. La propuesta de una nueva Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) y la promesa de una plataforma digital son vitales, pero deben ir de la mano con una acción estatal contundente que distinga a los operadores responsables de las redes criminales que invaden concesiones y operan impunemente. La lucha de Perú no es por el cobre, sino por la capacidad de su Estado para ser eficiente, legítimo y poner orden en sus propios procedimientos.
