La Minería, el motor que produce riqueza y desconfianza en el Perú Andino.
La minería en el Perú se ha consolidado como el socio estratégico fundamental del Estado, siendo el principal motor económico que impulsa el crecimiento y la descentralización productiva. Los datos lo confirman: la actividad minera representa una parte esencial de las exportaciones y la inversión privada, y las regiones con mayor presencia minera a menudo exhiben mejores indicadores de desarrollo y competitividad. Con una cartera de proyectos que supera los US$ 53 mil millones, Perú tiene el potencial de afianzar su liderazgo global, especialmente en la producción de cobre. Sin embargo, esta promesa de crecimiento choca dramáticamente con una realidad social explosiva que está poniendo en riesgo el futuro del sector.
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A pesar de las cifras económicas positivas, el impacto de la minería en el territorio ha generado una persistente y alta conflictividad socioambiental, que se ha convertido en la principal fuente de malestar en el país. Más del 60% de los conflictos sociales están directamente vinculados a la actividad minera, con las comunidades campesinas e indígenas erigidas como el principal actor de resistencia. Esta tensión, que se prolonga por casi dos décadas, se concentra principalmente en el llamado «Corredor Minero del Sur» (Apurímac, Cusco, Arequipa), donde se extrae un porcentaje clave del cobre mundial, y donde la falta de una «licencia social» y la ineficacia en la gestión del canon han generado desconfianza y la paralización o retraso de proyectos multimillonarios, como la ampliación de Las Bambas.
El desafío más apremiante para el Perú es transformar la riqueza generada en verdadero desarrollo local para cerrar las brechas sociales. El problema no es la falta de dinero, sino la falta de capacidad y voluntad política para gestionar y ejecutar los cuantiosos recursos del canon minero a nivel regional y local. Para viabilizar la vasta cartera de inversión, el país necesita urgentemente un pacto social y estatal que garantice reglas claras, paz social y una gobernanza territorial sólida. Solo cuando las regiones dejen de percibir a la minería como una fuente de conflicto y la vean como un verdadero catalizador de infraestructura y servicios, el Perú podrá liberar su potencial y asegurar que la riqueza del subsuelo se traduzca en bienestar para sus ciudadanos.
