Perú considera una amnistía tributaria para mineros artesanales y de pequeña escala. La medida busca integrar a miles de trabajadores a la formalidad, lo que podría generar ingresos millonarios para el Estado y reducir el impacto ambiental de la minería ilegal.
El gobierno peruano está evaluando la implementación de un programa de amnistía tributaria para los mineros artesanales y de pequeña escala que operan en la informalidad. La medida busca condonar las deudas y multas tributarias acumuladas por estos trabajadores, a cambio de que se integren al marco legal y cumplan con las regulaciones mineras y fiscales en el futuro. Este enfoque, que se ha discutido en el sector, es visto como un mecanismo para acelerar el proceso de formalización, que ha sido un desafío por muchos años.
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El principal objetivo de la amnistía es generar un flujo de ingresos para el Estado, que ha perdido miles de millones en impuestos de la minería informal. Al formalizar a los mineros, el gobierno podría recaudar impuestos, lo que beneficiaría a las arcas fiscales y a las comunidades locales. Además, la formalización permitirá una mejor supervisión de las operaciones, lo que es clave para reducir el impacto ambiental y social de la minería ilegal, que utiliza químicos tóxicos y opera en zonas sensibles.
Aunque la amnistía podría ser una herramienta poderosa, también enfrenta desafíos y críticas. Algunos expertos advierten que la medida podría ser vista como una recompensa para los que han operado fuera de la ley, lo que podría desincentivar a los que sí han cumplido con las regulaciones. Sin embargo, los defensores de la medida argumentan que es la única forma de traer a miles de mineros a la legalidad y crear un sector más responsable y sostenible. El debate sobre la amnistía continuará, pero su implementación podría ser un cambio de juego para la minería en Perú.
