Grandes mineras en Perú se unen para blindar la reputación del sector a través de la debida diligencia y transparencia.
Un hito crucial en la evolución de la minería responsable se ha gestado en Perú: un grupo de ocho de las principales empresas mineras del país ha firmado un compromiso vinculante para implementar rigurosos estándares de debida diligencia en Derechos Humanos y estándares laborales. Este acuerdo, más allá de la simple retórica, es una respuesta directa a las crecientes exigencias de transparencia por parte de la sociedad civil, los inversionistas internacionales y, crucialmente, las comunidades. En un país con historial de conflictos socioambientales, estas empresas—cuyas operaciones son la espina dorsal de la economía nacional—han reconocido que el futuro de la industria depende de demostrar una «rentabilidad social» real, que vaya más allá del aporte fiscal.
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El compromiso se alinea con la tendencia global de la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) y busca mitigar el riesgo de conflictos a largo plazo. Al adoptar la debida diligencia, las compañías se obligan a identificar, prevenir y mitigar los impactos negativos de sus operaciones en los derechos de las personas, incluyendo la salud, el medio ambiente y los derechos laborales. Esto implica una revisión exhaustiva de sus cadenas de suministro y de sus interacciones con las comunidades, y es un paso gigantesco para combatir la desconfianza histórica y las acusaciones de falta de transparencia, especialmente en temas sensibles como las compras locales y los beneficios que realmente quedan en el territorio.
En la práctica, este pacto colectivo genera un nuevo estándar de competitividad y sostenibilidad. No se trata solo de cumplir con la normativa peruana, sino de adoptar directrices internacionales que permiten a las empresas operar con mayor legitimidad y seguridad jurídica. Para Perú, el segundo mayor productor mundial de cobre, la sostenibilidad del sector en el largo plazo depende de la capacidad de sus líderes para asegurar que la minería sea percibida como un motor de desarrollo y no como una fuente de riesgo. Este acuerdo de las «ocho grandes» marca una línea de partida para una era donde la ética empresarial es tan fundamental como la tonelada métrica de producción.
