El Fracaso del REINFO y la Amenaza de la Minería Ilegal Descontrolada en Perú
Perú enfrenta una emergencia nacional donde la minería ilegal de oro se ha transformado en una amenaza que rivaliza con el sector formal. Impulsada por los precios récord del oro, se estima que más del 48% del oro exportado por el país está fuera de la legalidad, generando pérdidas millonarias en evasión fiscal (más de S/ 9,000 millones) y financiando al crimen organizado, la trata de personas y el narcotráfico. Esta actividad ilícita se desarrolla en zonas prohibidas, áreas naturales protegidas y territorios indígenas, devastando el medio ambiente con el uso descontrolado de mercurio y deforestando grandes extensiones, convirtiéndola, según expertos, en la mayor amenaza para el Perú.
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El principal foco de crítica es el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), un proceso que se ha extendido reiteradamente (hasta diciembre de 2025) y que, lejos de formalizar, es acusado de servir como un escudo legal para que miles de operadores sigan actuando con impunidad. Mientras que el gobierno defiende la prórroga como un intento de ser inclusivo y evitar exclusiones injustas, gremios formales y analistas advierten que el REINFO ha sido un rotundo fracaso, logrando formalizar a un porcentaje ínfimo de los inscritos (algunas estimaciones hablan de menos del 1%). Esta situación de «formalización disfrazada» mantiene una herida abierta que erosiona el Estado de derecho y afecta a la minería responsable, que sí cumple con la ley.
La tensión se ha materializado en el debate sobre la nueva Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE). Las propuestas legislativas buscan crear un régimen especial que, según sus críticos, no busca el desarrollo ordenado, sino «legalizar actividades destructivas», como la minería aluvial prohibida, comprometiendo gravemente los ecosistemas. Las autoridades, en paralelo, han intensificado las operaciones de interdicción contra el crimen organizado en zonas críticas como Pataz, y han implementado rutas fiscales para controlar el traslado de insumos químicos. No obstante, sin una depuración contundente del REINFO y una política firme que diferencie a los operadores con voluntad de formalizarse de los delincuentes, el caos y la inseguridad continuarán poniendo en riesgo la estabilidad y el futuro ambiental de Perú.
