Expertos en Perú desmienten el concepto de «concesión ociosa», advirtiendo sobre los riesgos para la inversión y la seguridad jurídica del sector minero.
En el contexto del debate sobre la ley MAPE y la formalización minera en Perú, diversos especialistas han cuestionado fuertemente las propuestas para modificar el régimen actual de concesiones mineras. Advierten que tales cambios podrían poner en riesgo la seguridad jurídica, desalentar la inversión y afectar seriamente el desarrollo de la industria extractiva nacional. Uno de los puntos más controversiales es el concepto de «concesiones ociosas», impulsado por sectores vinculados a la minería informal. Sin embargo, para el experto Iván Arenas, «el término concesión ociosa no existe como figura legal ni técnica», pues cada concesión responde a una lógica de exploración y planificación de largo plazo.
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Arenas enfatizó que la exploración continua es la base del desarrollo minero, y sin ella no es posible garantizar futuras operaciones. Las grandes empresas invierten años en estudios geológicos y técnicos antes de poder operar, y reducir el plazo de vigencia de las concesiones de 30 a 10 años, como proponen algunos borradores de la Ley MAPE, sería «inviable», ya que espantaría la inversión y pondría en jaque proyectos estratégicos que requieren planificación de décadas. Carlos Gálvez, expresidente de la SNMPE, reforzó esta posición, recordando que proyectos como Antamina o Cerro Verde demoraron décadas en producir y no existirían si se hubiera aplicado una regla de caducidad temprana.
Gálvez también aclaró que las concesiones están sujetas a obligaciones técnicas y económicas, incluyendo el pago de un derecho anual y el cumplimiento de una producción mínima, con penalidades crecientes en caso de incumplimiento. Ello desmiente la noción de que son tierras sin control o en abandono. Finalmente, ambos expertos coincidieron en la necesidad de diferenciar la minería informal de la ilegal, rechazando además iniciativas legislativas que proponen imponer «servidumbres» sobre concesiones vigentes a favor de terceros, lo que consideran ilegal e injusto, asemejándolo a permitir que alguien use una propiedad privada sin permiso del dueño.
