Perú en la Balanza: Inversión Record vs. Falla Social y Mineria Ilegal
La minería peruana se consolida como un gigante global, con proyecciones de inversión que superarán los US$6.000 millones para 2025, impulsadas principalmente por el cobre, mineral esencial para la transición energética mundial. Este sector es el motor económico del país, aportando más del 60% de las exportaciones y generando desarrollo en zonas remotas. La estrategia de crecimiento se enfoca en proyectos de gran envergadura y en una robusta cartera de exploración valorada en más de US$1.000 millones, lo que asegura el flujo productivo a largo plazo. Sin embargo, este optimismo financiero choca frontalmente con una alarmante realidad social: la persistente conflictividad con las comunidades y la amenaza creciente de la minería ilegal, que se estima genera US$7.000 millones en exportaciones ilícitas de oro, una cifra que evade impuestos y alimenta el crimen organizado.
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El futuro del sector exige una inmersión profunda en la innovación tecnológica y la sostenibilidad para desvincular el crecimiento de los riesgos socioambientales. La tendencia de la «Minería Verde» está obligando a las empresas a invertir en automatización, Inteligencia Artificial (IA) y energías renovables, buscando mejorar la eficiencia operativa y reducir la huella de carbono y el consumo hídrico. Este cambio tecnológico es vital no solo para optimizar procesos, sino para cumplir con los estándares ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) que demandan los inversores internacionales. La modernización es la clave para que el Perú mantenga su competitividad frente a otros gigantes mineros en un mercado global cada vez más consciente del impacto ambiental.
Para que la bonanza del cobre se traduzca en bienestar sostenible y no en crisis, el principal desafío es de gobernanza. La ineficacia en la distribución del canon minero y la lentitud en la inversión pública para cerrar las brechas sociales en las zonas de influencia minera son el verdadero combustible de la protesta. El Estado debe actuar con urgencia, implementando políticas que mejoren la predictibilidad y la seguridad jurídica para la inversión formal, mientras fortalece su capacidad para combatir la minería ilegal y promueve la formalización de la pequeña minería. Solo un compromiso real y transparente con la inclusión social y la estabilidad política permitirá que los US$6.000 millones de inversión transformen el subsuelo de Perú en un desarrollo duradero para sus ciudadanos.
