Crisis de Competitividad: La Minería Peruana Enfrenta su Mayor Paradoja — Potencial de $54,500 Millones Bajo Amenaza Social y Burocrática.
La minería en Perú, motor de su economía y líder global en la producción de cobre, vive una profunda paradoja que la ha convertido en un tema de alta tensión y tendencia. Por un lado, el país posee una cartera de proyectos de inversión que supera los 54,500 millones de dólares, con un enfoque estratégico en el cobre y los minerales críticos esenciales para la transición energética mundial. Este potencial ha impulsado una inversión sostenida en exploración e infraestructura, proyectando a Perú a romper récords de producción en los próximos años. La industria formal se moderniza con tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA) y promueve estándares ESG, posicionándose como el futuro sostenible de la región.
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Sin embargo, esta enorme riqueza se ve constantemente amenazada por dos frentes principales que minan la confianza y el desarrollo. La burocracia excesiva y la tramitología han provocado que la aprobación de estudios ambientales pueda tardar hasta tres veces más de lo estipulado, elevando costos y postergando proyectos cruciales por años. A esto se suma el desafío social: a pesar de las ingentes transferencias de canon y regalías a las regiones, la poca capacidad de gestión de los gobiernos locales y los persistentes conflictos socioambientales impiden que dichos recursos se traduzcan en el cierre de brechas de pobreza, creando una profunda desconfianza hacia la inversión.
El tercer factor de impacto, y el más alarmante, es el avance incontrolable de la minería ilegal e informal, que ha sido calificada como la mayor amenaza para el país. Este flagelo criminal, impulsado por el alto precio del oro, opera sin ningún control ambiental ni social, llegando a superar en valor a las exportaciones auríferas legales y contaminando ecosistemas vitales como la Amazonía. La incapacidad del Estado para reprimir esta actividad delictiva en zonas clave, combinada con la paralización de proyectos formales por conflictos (como el caso de Conga o Tía María), ha creado un vacío territorial que la ilegalidad explota, poniendo en jaque la competitividad de Perú como destino minero responsable.
