Evasión de S/7,500 millones: La minería ilegal frena el desarrollo regional de Perú.
- El Impacto Devastador en las Finanzas Regionales
La minería ilegal en Perú ha dejado de ser un problema ambiental para convertirse en una crisis fiscal y social de proporciones históricas. Se estima que el país pierde más de S/7,500 millones (aproximadamente US$2,000 millones) anualmente solo por concepto de evasión tributaria, una cifra impactante que golpea directamente el corazón del desarrollo regional: el Canon Minero. Este canon, que corresponde al 50% del Impuesto a la Renta pagado por las empresas formales, es la principal fuente de financiamiento para obras públicas, servicios básicos y proyectos de infraestructura en las zonas mineras. Al operar al margen de la ley, la minería ilegal depreda los recursos sin aportar un solo sol al fisco, condenando a las regiones más ricas en minerales, como Puno, Arequipa y La Libertad, a ver reducidos drásticamente sus presupuestos.
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- El Círculo Vicioso de la Informalidad y la Codicia por el Oro
La proliferación de la minería ilegal y la informalidad se alimenta de factores estructurales y coyunturales. La alta informalidad laboral en Perú (que supera el 75%) ofrece un caldo de cultivo para que esta actividad ilícita se expanda. A esto se suma el precio récord del oro y el cobre a nivel internacional, que desata una «fiebre del oro» sin control, atrayendo a poblaciones a «rascar la Tierra» a cualquier costo. Los mineros ilegales invaden concesiones de la minería formal, destruyen ecosistemas, utilizan maquinaria pesada de forma indiscriminada (como dragas en los ríos de la Amazonía) y, en el proceso, comprometen el desarrollo económico formal. Se calcula que esta actividad mueve alrededor de US$3,000 millones al año en negocios ilícitos.
- La Respuesta del Estado: Más que Interdicción
Frente a esta amenaza, el Estado peruano se encuentra en un esfuerzo por endurecer su estrategia, buscando ir más allá de los operativos de interdicción. La destrucción de materiales incautados por más de $14 millones en regiones como Madre de Dios y Cajamarca son parte de la ofensiva. Sin embargo, la solución requiere un enfoque integral y multisectorial que ponga énfasis en la formalización minera y la trazabilidad del oro. Adicionalmente, se ha exhortado al Congreso a evitar cualquier legislación que brinde facilidades «encubiertas» a las economías ilícitas. La prioridad es doble: proteger los derechos laborales y el medio ambiente, y asegurar que la minería formal, sostenible y segura sea el único camino para que la riqueza de los recursos se traduzca en bienestar social y desarrollo para millones de peruanos.
