Las Bambas, Gigante de Cobre Peruano, Paraliza Operaciones por Conflictos Sociales Crónicos
El megaproyecto minero Las Bambas, una de las minas de cobre más importantes del mundo y clave para la economía de Perú (aporta cerca del 1% del PBI nacional), opera en un estado de conflicto social crónico que se ha vuelto un foco de tensión global y una tendencia de riesgo en la inversión minera. Los recurrentes bloqueos del vital Corredor Minero del Sur, la única vía terrestre para trasladar el concentrado de cobre, han llevado a la empresa (operada por capitales chinos de MMG Limited) a paralizar repetidamente sus operaciones, registrando más de 400 días de transporte perdidos desde que inició su actividad en 2016. La frecuencia y la intensidad de estas protestas reflejan una incapacidad persistente del Estado peruano para resolver las demandas de las comunidades campesinas y un alto nivel de desconfianza.
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Los reclamos de las comunidades, como Fuerabamba y Velille, se centran en el incumplimiento de acuerdos de desarrollo social, la falta de compensación adecuada por el uso de tierras y el deterioro ambiental causado por el intenso tráfico de camiones mineros, especialmente la polvareda en tramos no asfaltados. Este constante pulso entre el desarrollo económico y las reivindicaciones sociales y ambientales ha generado el denominado «Efecto Las Bambas», un factor de riesgo que los analistas de inversión deben incorporar al evaluar proyectos mineros en Perú. El conflicto se ha escalado incluso al ámbito judicial, con casos de criminalización de líderes comunales, quienes han sido absueltos tras una década de procesos, sentando un precedente clave sobre la gestión de protestas.
A pesar de los desafíos, la mina Las Bambas es un coloso con reservas de 4.884 millones de toneladas de cobre, y la empresa se ha fijado el objetivo de producir entre 280.000 y 320.000 toneladas en 2024. Para la región de Apurímac, el proyecto representa una inyección de más de 2.000 millones de soles en regalías desde 2016 y miles de empleos. Sin embargo, si no se logra una solución de fondo que aborde las causas estructurales del conflicto (como la falta de un tren minero y la débil gobernanza territorial), el costo de la conflictividad seguirá amenazando con reducir la producción anual de cobre de Perú y socavar la imagen del país como destino de inversión estable en la minería de metales críticos.
