Minería Ilegal Desborda a la Formal y Genera Crisis de Seguridad Nacional en Perú
Perú enfrenta una amenaza económica y socioambiental de proporciones históricas: se proyecta que la producción ilegal de oro podría superar a la formal, consolidando una crisis que va más allá de lo extractivo. La incapacidad o falta de voluntad política para establecer una política pública efectiva que diferencie y erradique la minería ilegal y la informalidad ha permitido el avance de una actividad que se estima genera un valor de miles de millones de dólares al año, operando en la opacidad y sin fiscalización. Este crecimiento desmedido de la actividad ilegal, que se nutre del alza en los precios del oro, está socavando la economía formal y la seguridad del Estado.
Lectura relacionada
El epicentro de la controversia es el fallido Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), cuya vigencia ha sido extendida repetidamente por el Ejecutivo, en un intento de abordar la informalidad. Sin embargo, esta prórroga es criticada por especialistas y gremios formales (como la SNMPE) que denuncian que el proceso ha sido ineficaz y ha servido como un mecanismo de blindaje para que miles de operadores sigan actuando con baja o nula regulación, aprovechando la oportunidad de operar sin las exigencias ambientales, laborales y tributarias. La depuración del REINFO se ha convertido en una tarea urgente, pues se ha identificado que muchos inscritos son «vivos» que solo buscan explotar los altos precios del metal precioso.
La magnitud del problema ha escalado al Congreso, donde proyectos de ley, como la polémica «Ley MAPE» (Minería Artesanal y Pequeña Minería), han intentado establecer un régimen especial que, según expertos y críticos, solo busca legalizar actividades destructivas, como la minería aluvial prohibida, en detrimento de los territorios indígenas y áreas naturales protegidas. Esto ha provocado que la minería ilegal se vincule con el crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de activos, representando una amenaza directa a la seguridad ciudadana y nacional. La discusión subraya que Perú debe trazar una línea clara entre lo formal y lo ilegal, dejando de lado las soluciones a medias que solo perpetúan el caos y la destrucción ambiental.
