El Ministerio de Energía y Minas de Perú (MINEM) ha emitido un informe en el que señala que los gobiernos regionales y locales registraron un incremento agregado del 60% en la recaudación tributaria minera en 2021.
Según el ministerio, la recaudación del canon minero, las regalías mineras legales y contractuales, los derechos de explotación y las sanciones sumaron 1.680 millones de dólares el año pasado, por encima de los 1.059 millones de dólares registrados en 2020.
“Cabe destacar que, durante los últimos meses del año pasado, ya se alcanzó un récord histórico anual en el monto transferido por estos conceptos. Esto apoya la continuidad de las actividades económicas regionales y la lucha contra la pandemia del covid-19”, se lee en el expediente.
El MINEM señaló que las transferencias del canon minero estuvieron entre las de mayor rendimiento en el 2021, ya que el Estado peruano destinó 750 millones de dólares, un incremento de 12,5% respecto a los 667 millones recibidos en el 2020. Estos fondos se distribuyen regularmente entre los gobiernos regionales para ser utilizados en proyectos de infraestructura de salud y educación.
El canon minero, por su parte, generó más de 862 millones de dólares, un incremento de 165% respecto a las cifras de 2020.
Los datos del ministerio muestran que el crecimiento de los ingresos por canon minero se debió a la subida de los precios de los metales y al aumento de la producción, lo que impulsó los beneficios de las empresas y, posteriormente, el pago de los derechos.
En cuanto a los ingresos generados por derechos de explotación y sanciones, el Perú obtuvo 73,3 millones de dólares hasta octubre de 2021.
El informe estadístico también menciona que el 22% de los ingresos por recaudación minera se destinaron a la región norteña de Áncash, donde se encuentra la mina de cobre más grande de Perú: la mina de cobre y zinc Antamina.
Le sigue Arequipa, en el suroeste del país, que recibió el 21,8% de los fondos, mientras que Tacna ocupó el tercer lugar, con el 9,5% de los fondos.
El resto de los gobiernos regionales recibieron cantidades menores en función de la prevalencia de las operaciones mineras en sus respectivos territorios.
