Crisis en Mali expone la fragilidad de la inversión extranjera en África Occidental.
La minera canadiense Barrick Gold se encuentra en el epicentro de una grave disputa con el gobierno de Mali, donde un conflicto fiscal ha escalado hasta la confiscación de aproximadamente 318 millones de dólares en oro y el arresto de empleados. Esta situación ha forzado la paralización de su principal mina en el país, Loulo-Gounkoto, generando costos operativos de 15 millones de dólares mensuales para mantenerla inactiva. La falta de resolución tras más de seis meses pone de manifiesto las complejas relaciones entre empresas multinacionales y estados soberanos, especialmente en regiones caracterizadas por instituciones débiles y entornos políticos volátiles.
El director ejecutivo de Barrick, Mark Bristow, ha denunciado la situación como una cuestión de principios más allá de un simple desacuerdo fiscal, señalando la incertidumbre sobre el paradero exacto del oro incautado y calificando el encarcelamiento de sus ejecutivos como una grave violación de derechos humanos. A pesar de los intentos de negociación, la empresa afirma que el gobierno maliense ha incumplido acuerdos preliminares en múltiples ocasiones. La magnitud económica del conflicto, evidenciada por el valor del oro confiscado, subraya el impacto potencial en la producción global de Barrick, aunque los precios favorables del oro han amortiguado parcialmente las pérdidas trimestrales.
Ante este panorama desafiante, Bristow se muestra escéptico sobre una posible venta del activo, considerando su complejidad y el alto riesgo político inherente a la situación en Mali. Este conflicto se suma a otros entornos operativos difíciles para Barrick, planteando interrogantes sobre el futuro de las inversiones mineras internacionales en países con creciente nacionalismo económico y estructuras institucionales precarias. Aunque se ha especulado sobre su liderazgo, Bristow ha confirmado su permanencia en el cargo hasta 2028, asegurando que existe un plan de sucesión en curso.