El Tesoro Peruano en Riesgo: La Infraestructura Energética No Sigue el Ritmo del Cobre
Perú, uno de los gigantes mineros del mundo, enfrenta una paradoja crítica que pone en riesgo su liderazgo económico: la expansión de sus proyectos mineros, especialmente los de cobre, está creciendo a un ritmo que la infraestructura eléctrica nacional no puede sostener. El sector minero-energético ha sido el motor de desarrollo del país, pero la falta de inversión estratégica y planificación oportuna en líneas de transmisión y generación eléctrica amenaza con desacelerar la puesta en marcha de los nuevos proyectos. Si no se acelera la integración de ambos sectores, Perú podría perder su oportunidad de capitalizar la creciente demanda mundial de minerales clave para la transición energética, como el cobre.
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La información clave y de tendencia se centra en la urgente necesidad de coordinación. Se estima que la minería peruana podría duplicar su producción de cobre y, consecuentemente, su consumo eléctrico para el año 2035, impulsada directamente por la demanda de energías limpias (turbinas eólicas, paneles solares y baterías). Este salto en la demanda de energía requiere una planificación proactiva y no reactiva. Es fundamental que el Estado y el sector privado trabajen coordinadamente para ejecutar a tiempo la infraestructura de transmisión necesaria, asegurando que el Sistema Interconectado Nacional (SIN) pueda responder a las necesidades de los nuevos megaproyectos.
El desafío no es solo técnico, sino también de gobernanza y seguridad jurídica. A la problemática de la falta de interconexión se suma la compleja situación de la minería ilegal e informal, que no solo subsidia actividades criminales con fondos públicos (como exenciones de impuestos a combustibles en ciertas zonas), sino que también genera un entorno de alta conflictividad que desalienta la inversión extranjera. Para que Perú mantenga su atractivo mundial y libere su vasto potencial minero, es imprescindible impulsar marcos regulatorios estables, reducir la burocracia en los trámites y garantizar la presencia estatal en las zonas de alta conflictividad, evitando que miles de millones de dólares en proyectos legítimos queden paralizados.
