Fatalidades en Minería Abren Debate Urgente: Urge Fortalecer Fiscalización en Pequeñas Faenas
La seguridad en el sector minero ha vuelto a ser tema de tendencia e impacto tras una serie de recientes accidentes fatales que han enlutado a la industria en países clave de la región, como Perú y Chile. A pesar de que las estadísticas globales en la gran y mediana minería muestran una reducción histórica en la tasa de fatalidad a lo largo de las últimas dos décadas, estos trágicos sucesos han puesto el foco en una de las mayores vulnerabilidades del sector: la minería de pequeña escala y la minería artesanal o informal. Los informes señalan que, si bien las grandes operaciones formales cuentan con altos estándares y la mayoría de los fallecimientos se deben a incidentes con maquinaria rodante, el gran desafío de seguridad persiste en las faenas de menor tamaño.
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El análisis de la accidentabilidad revela una preocupante diferencia por tipo de operación. Mientras que los proyectos de gran escala se han visto obligados a implementar protocolos rigurosos y tecnologías avanzadas de monitoreo, las pequeñas faenas enfrentan brechas críticas en la cultura de seguridad, la capacitación del personal y el cumplimiento estricto de los estándares operativos. De hecho, varios de los recientes incidentes mortales se han registrado en minas de pequeña escala, algunas operando bajo condiciones de formalidad precaria o, incluso, informalidad total. La caída de rocas y derrumbes siguen siendo las principales tipologías de accidentes mortales en la pequeña minería, mientras que en la gran minería son los vehículos motorizados y equipos rodantes.
Ante esta realidad, los organismos reguladores y los gobiernos están reabriendo el debate sobre la necesidad de fortalecer drásticamente la fiscalización en las operaciones de menor envergadura. Las autoridades reconocen que existen limitaciones estructurales para vigilar el amplio universo de pequeñas minas, muchas de ellas remotas o en proceso de formalización. La conclusión es que la meta del «peligro cero» exige más que la responsabilidad corporativa de las grandes mineras; requiere un marco legal robusto y diferenciado, la inversión en capacitación específica para pequeños mineros y un compromiso ineludible por parte del Estado para erradicar la informalidad y la ilegalidad, donde el riesgo para la vida del trabajador es inaceptablemente alto.
