Burkina Faso acelera la nacionalización de sus activos mineros, lo que pone en riesgo las inversiones extranjeras. La decisión del gobierno de ampliar su participación estatal en proyectos clave genera incertidumbre y podría redirigir los flujos de capital hacia países con mayor estabilidad regulatoria en África.
El gobierno de Burkina Faso ha intensificado su política de control sobre los recursos minerales del país, lo que genera una gran preocupación en la industria minera internacional. La medida más reciente es el intento de ampliar su participación en la mina de oro Kiaka, un proyecto a gran escala valorizado en más de US$1,000 millones y que es operado por la minera australiana West African Resources. Esta política, que forma parte de una tendencia de creciente nacionalismo de los recursos en algunos países africanos, eleva la incertidumbre y pone en riesgo la seguridad de las inversiones mineras en la región.
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Según el informe, el incremento de la participación estatal en proyectos como Kiaka reduciría sustancialmente la rentabilidad para los accionistas e inversionistas internacionales. Con una producción proyectada de 500,000 onzas de oro anuales, la mina podría generar ingresos superiores a US$1,000 millones por año. Sin embargo, los inversionistas se enfrentan a riesgos crecientes, como la depreciación de activos, la revisión forzada de contratos y un mayor riesgo país que eleva el costo de financiamiento de los proyectos.
Como resultado de estas políticas, los flujos de capital para la minería se están redirigiendo hacia países con mayor estabilidad regulatoria y previsibilidad legal, como Ghana, Namibia y Botsuana. El ejemplo de Burkina Faso demuestra la creciente vulnerabilidad de los activos mineros en jurisdicciones donde los contratos pueden ser modificados unilateralmente. Para los grandes capitales, la prioridad es la seguridad jurídica, lo que podría llevar a una reconfiguración del mapa de inversiones en el sector minero en África Occidental.
