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En las montañas de Los Andes abundantes en cobre, el riesgo político crece a medida que los altos niveles de pobreza, exacerbados por la pandemia de COVID-19, impulsan cambios potencialmente drásticos y ponen la riqueza minera en la mira de políticos y ciudadanos enojados.
Chile, el mayor productor mundial del metal rojo, está en vías de redactar una nueva Constitución y sus políticos debaten un aumento en las regalías. Perú, segundo mayor extractor, se encamina a unos comicios presidenciales polarizados, con un socialista poco conocido que encabeza las encuestas y quiere redistribuir la riqueza minera.
«El 42% de la producción mundial de cobre mina bajo una incertidumbre política que podría traer aparejado riesgos sobre la producción futura, justamente en un momento en el cual todas las apuestas están mirando ese futuro», dijo Juan Carlos Guajardo, jefe de la consultora chilena Plusmining.
Esa incertidumbre está ayudando a sustentar los precios globales del cobre, que han alcanzado máximos históricos a medida que la demanda china se recupera tras la pandemia, así como el rápido desarrollo de una revolución verde de electrificación que se espera impulse el apetito por el metal industrial en los próximos años.
Pero en la propia América Latina, la recuperación parece algo lejana. La pandemia de COVID-19 ha provocado un aumento en la pobreza, dando paso a medidas para desbloquear y redistribuir recursos, ya que muchos luchan por mantenerse a flote en medio de paralizaciones de la actividad y altos costos de la atención médica.
La convergencia de riesgos está creando el escenario más incierto en años, aunque la región tiene historial de volatilidad, con frecuentes cambios políticos, protestas y huelgas. Ejecutivos de la minería dijeron que parte del riesgo puede atenuarse, ya que quienes buscaban los cambios más audaces se enfrentaron a la oposición política y se vieron obligados a diluir sus planes.
Eso ha puesto los recursos minerales en foco, dado el papel descomunal que desempeñan en el motor económico de la región. El candidato presidencial que lidera los sondeos en Perú, Pedro Castillo, prometió dar vuelta a la tortilla y retener el 70% de las ganancias mineras en el país y frenar el «saqueo» de empresas extranjeras, y advirtió que podría nacionalizar algunos recursos. Encabeza los sondeos previos a la votación del 6 de junio, aunque la derechista Keiko Fujimori está ganando terreno.
Chile está en medio de un largo proceso para reemplazar la Constitución de la dictadura de Augusto Pinochet, que sostuvo décadas de crecimiento, pero también es responsabilizada por agudizar la desigualdad, lo que condujo a las violentas protestas que sacudieron al país a fines de 2019.
La Cámara de Diputados también aprobó este mes un proyecto de ley que aumentaría drásticamente la carga tributaria sobre el sector para financiar programas sociales, que según algunos expertos de la industria podría impactar a la minería.
En tanto, Pablo de la Flor, director ejecutivo de la principal cámara minera de Perú, dijo que había problemas de asignación de recursos que debían abordarse, pero que la solución estaba en reformar los gobiernos locales ineficientes en lugar de un nuevo régimen fiscal.»Lamentablemente, los fondos no se han utilizado adecuadamente para cerrar las brechas sociales, dejando atrás a las regiones productivas», dijo.
¿Sentido común, prevalecer? La convergencia de riesgos está creando el escenario más incierto en años, aunque la región tiene historial de volatilidad, con frecuentes cambios políticos, protestas y huelgas. Ejecutivos de la minería dijeron que parte del riesgo puede atenuarse, ya que quienes buscaban los cambios más audaces se enfrentaron a la oposición política y se vieron obligados a diluir sus planes.
Diego Hernández, director del gremios de mineras chilenas Sonami, dijo que el proyecto de regalías liderado por la oposición probablemente se enmendará en el Senado antes de recibir luz verde.
«No creo que se apruebe el proyecto como está hoy día en el Senado porque sería muy irresponsable y muy imprudente», dijo a Reuters. Advirtió a principios de mayo que la medida legislativa sería un voto a favor de «no más minería».
«En un período donde todos debemos preocuparnos por la recuperación económica prescindir o estrangular a la minería no le hace bien a ninguno de estos países. Entonces uno finalmente supone que el sentido común prevalecerá», agregó.
La estatal chilena Codelco es el mayor productor mundial de cobre, mientras que el país alberga la enorme mina Escondida de BHP y Collahuasi, una empresa conjunta de Glencore y Anglo American.
En Perú, Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía, dijo que la redistribución de la riqueza mineral era una forma obvia de mejorar el uso de fondos para la recuperación pospandémica, aunque un Congreso fragmentado probablemente limitaría el poder de quien se convierta en presidente.
Agregó que la incertidumbre podría desanimar a inversores, temerosos de que el Estado se apodere de los activos. «A nadie le gusta meter US$ 1.000 millones o US$ 1.500 millones de inversión donde al Jefe de Estado le gustaría nacionalizar», opinó.
Perú tiene una lista de unos US$ 56.000 millones en inversiones mineras. La férrea oposición de comunidades locales ya ha detenido algunos proyectos, incluido Tía María de Southern Copper y una iniciativa de oro de US$ 5.000 millones de Newmont y la local Buenaventura.
En Chile, Guajardo de Plusmining dijo que además las mineras se enfocan en proyectos existentes o «brownfield», que con el tiempo verían caer los niveles de producción si no se realizaran nuevas inversiones.
«Si tú no haces esas inversiones vas a tener que administrar un activo que va a tener una tendencia a caídas en sus leyes y variables que se va a reflejar en menor producción», dijo.
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