En un contexto lleno de incertidumbre, el Gobierno de Ecuador ha intensificado sus esfuerzos para reforzar la supervisión en el sector minero, especialmente en lo que respecta a la exportación de oro. El Viceministro de Minas, Diego Ocampo, ha revelado que se están llevando a cabo investigaciones tras un notable aumento en la emisión de autorizaciones para exportar este metal precioso. Empresas de corta trayectoria han comenzado a operar significativamente, generando preocupaciones sobre la legalidad y la transparencia de estas transacciones. La aparición de empresas denominadas “fantasmas”, que han exportado oro por un valor impresionante de USD 500 millones, ha sido un indicador alarmante que ha llevado al Gobierno a actuar con rapidez.
Desde el 30 de julio, todas las solicitudes de certificación de exportación de minerales se centralizan en Quito, un movimiento estratégico destinado a mantener un control más riguroso sobre las actividades mineras en el país. Previamente, estas autorizaciones eran gestionadas en diversas oficinas regionales, lo que complicaba la supervisión. Ocampo enfatiza la importancia de “tomar control desde la casa matriz” para poder verificar lo que realmente ocurre en el territorio minero. La reestructuración del proceso promete mayor transparencia y eficacia en la gestión de recursos minerales.
Además de estas medidas, el Gobierno ha dispuesto la creación de tres nuevas agencias especializadas que reemplazarán a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arcernnr). Este cambio, según Ocampo, es crucial para mitigar la reducción de capacidades operativas que ha afectado la supervisión del sector. Con la urgencia de esta reestructuración, se espera que la nueva estructura esté en funcionamiento en poco tiempo, garantizando el control y la continuidad del seguimiento en la minería ecuatoriana.
Por último, Ocampo ha anunciado reformas al reglamento de la Ley de Minería que asegurarán que el 60% de las regalías generadas por proyectos mineros sean canalizadas directamente a las zonas de influencia. Este paso no solo eliminará obstáculos burocráticos, sino que también asegurará que las comunidades locales reciban los beneficios económicos que les corresponden, fortaleciendo así la confianza en el sector minero y fomentando un desarrollo más equitativo en el país.
