Este fallo es fundamental para el proyecto de La Plata y la comunidad en general, ya que afecta a 178 importantes proyectos nacionales que se encuentran en proceso de licenciamiento ambiental.
Atico Mining Corporation informó avances significativos en la normativa ambiental de Ecuador, impactando positivamente sus operaciones en Ecuador y las de otros proyectos en el país.
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El 17 de noviembre de 2023, la Corte Constitucional (CC) del Ecuador se pronunció sobre la inconstitucionalidad del Decreto Presidencial 754 sobre el Proceso de Consulta Ambiental (PCA) para Proyectos Nacionales.
Sin embargo, la CC decidió mantener vigente este decreto hasta que la Asamblea Nacional ecuatoriana convierta este procedimiento en ley orgánica.
La decisión se presentó como un paso importante antes de que el Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) emita las licencias ambientales.
Esta sentencia es fundamental para el proyecto de La Plata y la comunidad en general, ya que afecta a 178 importantes proyectos nacionales que se encuentran en proceso de licenciamiento ambiental.
Esta decisión permite la reapertura del ECP, que había sido previamente bloqueado por grupos antimineros.
Esta interrupción no sólo paralizó la construcción de hospitales, plantas de tratamiento de agua y proyectos de energía limpia e impidió que los proyectos continuaran, sino que también impidió que los residentes de las zonas directamente afectadas fueran informados sobre los posibles impactos ambientales y también se violó su derecho a la consulta.
El proceso de consulta ambiental es un mecanismo fundamental para el diálogo y el debate público.
Esto garantiza un diálogo abierto e informado entre el estado (a través de MAATE) y las comunidades locales donde se planifican los proyectos.
Este proceso tiene como objetivo informar de manera amplia y oportuna sobre los potenciales impactos ambientales y las medidas de mitigación, control y monitoreo.
Atico Mining está comprometido con prácticas mineras transparentes y responsables, respetando tanto los estándares ambientales como los derechos de la comunidad.
