Los militares desmantelan arsenales y campamentos en la batalla frontal contra la minería ilegal
El Gobierno de Ecuador ha iniciado el 2026 con una ofensiva militar sin precedentes que ha logrado desarticular nodos logísticos críticos del crimen organizado. En operativos de alto impacto en provincias como Azuay y Morona Santiago, las Fuerzas Armadas han neutralizado campamentos que operaban con «armamento de guerra», incautando fusiles de asalto, subametralladoras y miles de municiones. La noticia es tendencia absoluta porque esta intervención no solo golpea la infraestructura física, sino que corta el flujo de financiamiento de bandas delictivas que utilizan la extracción ilícita de oro como su principal motor económico, dejando un saldo de múltiples detenidos —incluyendo ciudadanos extranjeros— puestos ya a disposición de la justicia.
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Lo que resulta impactante para la opinión pública es la magnitud de la maquinaria destruida para evitar la reactivación de estos enclaves. Durante las incursiones de este mes, se han inhabilitado excavadoras, motores de bombeo y clasificadoras tipo Z, además de decomisar miles de galones de combustible destinados a alimentar las dragas que devastan los ríos amazónicos. Esta estrategia de «tierra quemada» contra los medios de producción ilegales es tendencia porque demuestra un cambio en la táctica estatal: ya no solo se busca dispersar a los grupos, sino anular por completo su capacidad operativa mediante la destrucción inmediata de equipos valorados en cientos de miles de dólares.
Fuerzas Armadas de Ecuador en operativo contra la minería ilegal
El impacto de este despliegue redefine la seguridad territorial del Ecuador para el resto de la década. Con el apoyo de inteligencia militar, se han detectado comunicaciones que alertaban sobre intentos de reagrupación de estas mafias, lo que ha derivado en un resguardo permanente de las zonas liberadas para proteger a las comunidades locales. Para 2026, el mensaje del Estado es claro: la minería ilegal es tratada como una amenaza a la seguridad nacional. Esta lucha frontal no solo busca la preservación de los ecosistemas estratégicos, sino la recuperación de la autoridad en territorios que antes eran considerados zonas liberadas por el narcoterrorismo y la minería criminal.
