Son varias las iniciativas legislativas en materia económica que se trabajarán durante la segunda mitad del año, una de las más importantes tiene que ver con el proyecto que pretende darle un cambio al manejo y repartición de las regalías mineras en Colombia.
Ante el Congreso de la República ya fue radicado el plan que pretende darle más autonomía a las regiones para el manejo de recursos que llegan por la explotación minera en Colombia.
Hay que tener presente que las regiones productoras del país pasaron de recibir del 11 % al 25 %, lo anterior sin afectar los recursos que llegan a las zonas no productoras, a las que les correspondería un 20 %.
Con eso en mente, el Gobierno, a través del viceministro general de Hacienda, Juan Alberto Londoño, quiere que en la nueva discusión del proyecto de ley (que pretende otras modificaciones a ese sistema) quede establecido un cambio sustancial: que las regalías mineras sean motor de la reactivación de la economía en la postpandemia del coronavirus.
La idea es que, como la socialización del proyecto se hizo antes del inicio de la pandemia del coronavirus en Colombia, se pueda incluir como base del plan de ley que los recursos que lleguen por la explotación minera sean base estructural de los recursos que necesitarán las regiones del país para la reactivación de los próximos dos años.
“Debemos buscar cómo hacer que las regalías sean una reactivación en postpandemia. Desde Hacienda nos parece que esos recursos son fundamentales en la recuperación (…) Por eso es que debemos defender un sector que genera ingresos para que hagamos la transformación en ciencia y tecnología. Estamos abiertos a todas las recomendaciones”, explicó Londoño en su intervención ante la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes.
A su turno, el ministro de Minas y Energía de Colombia, Diego Meza, explicó que el proyecto es fundamental toda vez que en momentos tan complejos en los que se necesitará irradiar recursos a las regiones, brindarle esa autonomía a las gobernaciones locales seguramente facilitará la tarea, y además dará más tranquilidad de operabilidad a las firmas productoras en el país.
Sobre lo cual Londoño añadió que el propósito entonces es mirar cómo garantizar que esos recursos se manejen de la manera correcta y que las sanciones por mal uso sean fieles al objetivo de entender que hoy, más que nunca, esos dineros tienen que ir para lo que se necesita: revitalizar la economía regional, garantizar la infraestructura para salud y mejorar las condiciones en educación.
