Impuesto letal amenaza con desangrar las exportaciones colombianas
Una propuesta del Ministerio de Hacienda de Colombia para incrementar drásticamente la retención en la fuente a la exportación de oro, elevándola del 1% al 2,5%, ha generado una profunda preocupación en el sector. A pesar del momento dorado que vive el metal precioso en los mercados internacionales, esta medida podría asestar un golpe de hasta US$175 millones anuales a las arcas del país. Expertos y gremios advierten que, en lugar de aumentar la recaudación fiscal, el incremento impositivo incentivaría la informalidad y el contrabando, revirtiendo los avances logrados en la formalización del sector.
El impacto tributario acumulado para los mineros formales, que ya soportan un 5% entre regalías y retención, se dispararía al 11% con la adición de una autorretención del 4,5%. Esta carga se considera insostenible, especialmente para la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), donde se estima que hasta el 90% de las 40 toneladas anuales con potencial de formalización podrían desviarse hacia el mercado negro. La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) califica la medida como contraproducente, anticipando una disminución de la formalidad, un menor recaudo fiscal y un aumento de la inseguridad, poniendo en riesgo la dinámica positiva de las exportaciones de oro, que crecieron un 31,6% entre enero y febrero de 2025.
Las consecuencias de este impuesto van más allá de lo económico, con graves implicaciones para la seguridad. Un aumento del oro fuera del control estatal fortalecería financieramente a grupos armados ilegales que operan en las zonas mineras, eliminando oportunidades de ingresos dignos para los pequeños mineros y destruyendo cualquier posibilidad de trazabilidad y buenas prácticas. Diversos actores coinciden en que esta medida podría desencadenar una nueva crisis en el sector aurífero colombiano, abriendo la puerta a la ilegalidad y la violencia.