Colombia Frena Megaproyectos Mineros: Choque de Petro con AngloGold Desata Demandas de USD 1.300 Millones
La política ambiental del gobierno colombiano, en línea con el Plan Nacional de Desarrollo «Colombia, potencia mundial de la vida,» ha desatado una profunda crisis de seguridad jurídica en el sector minero, con consecuencias millonarias a nivel internacional. Decisiones como la suspensión o negación de obligaciones para proyectos emblemáticos como Quebradona (cobre y oro), de AngloGold Ashanti, y otros han cristalizado una tendencia de conflicto entre la protección de ecosistemas estratégicos —páramos, humedales y reservas— y los intereses de las grandes mineras. El propio presidente ha anunciado la suspensión de proyectos aduciendo riesgos ambientales, una postura que, si bien es popular entre ciertas comunidades, ha generado un ambiente de incertidumbre regulatoria sin precedentes.
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Esta postura gubernamental ha provocado una «contraofensiva» legal por parte de empresas extranjeras. El Estado colombiano se enfrenta a una oleada de demandas internacionales que suman más de USD 1.300 millones ante tribunales como el Ciadi. Las compañías argumentan que los cambios normativos y las demoras en la obtención de licencias ambientales y títulos mineros vulneran la estabilidad jurídica de sus inversiones. La Agencia Nacional de Minería (ANM), por su parte, ha negado peticiones de suspensión de obligaciones de grandes mineras, citando incongruencias y falta de pruebas que justifiquen situaciones excepcionales de fuerza mayor, un acto que profundiza la confrontación legal.
El desafío de Colombia es monumental: equilibrar la necesidad de proteger su valiosa biodiversidad, que incluye casi el 30% de su territorio en ecosistemas protegidos, con la oportunidad de desarrollar sus recursos minerales. El país, que busca ser un actor clave en la transición energética con minerales como el cobre, se encuentra en una encrucijada donde la falta de coordinación efectiva entre autoridades ambientales y mineras beneficia a la minería ilegal. Mientras la minería legal ve sus proyectos paralizados, la minería ilegal (que en el oro representa el 65% de la producción) y sus efectos colaterales —degradación ambiental y violencia— proliferan, agravando la huella ecológica y social del país.
