El Gobierno implementa el «Silencio Administrativo» para desbloquear inversiones mineras estancadas
En un movimiento audaz que ha sacudido los cimientos de la burocracia estatal, el Gobierno de Chile ha anunciado la implementación del Silencio Administrativo como herramienta clave para acelerar la aprobación de proyectos mineros. La noticia es tendencia absoluta porque busca poner fin a la incertidumbre que ha mantenido miles de millones de dólares en «lista de espera» debido a demoras institucionales. Con esta medida, si las autoridades competentes no emiten una respuesta en los plazos legales, la solicitud del inversor se considerará aprobada automáticamente, eliminando los cuellos de botella que históricamente han frenado el dinamismo del sector más importante de la economía chilena.
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Lo que resulta impactante para los analistas y gremios es el giro hacia una gestión pública de alta eficiencia que prioriza la reactivación económica sobre la permisología excesiva. Esta decisión es tendencia porque Chile se encuentra en una carrera contra el tiempo para abastecer la demanda mundial de cobre y litio; cada día de retraso administrativo representa una pérdida de competitividad frente a otros mercados globales. Al forzar a las instituciones a cumplir con cronogramas estrictos, el Estado no solo garantiza seguridad jurídica a los capitales extranjeros, sino que envía un mensaje contundente: el país no permitirá que el papeleo sea el verdugo de la transición energética y el desarrollo social.
El impacto de esta reforma redefine el tablero de la inversión en Sudamérica para la segunda mitad de la década, proyectando un desbloqueo inmediato de carteras de proyectos valoradas en más de US$ 15,000 millones. Para este 2026, el «Silencio Administrativo» se convierte en la válvula de escape que la industria necesitaba para iniciar construcciones y expansiones que generarán miles de empleos directos. Esta medida marca un antes y un después en la relación Estado-Empresa, posicionando a Chile nuevamente como el líder indiscutible en agilidad minera y demostrando que la modernización del Estado es el combustible necesario para liderar la era de los metales críticos.
