El 75% de la fuerza laboral queda atrapada en el fuego cruzado por el bloqueo de la desaladora
La crisis en la operación minera Mantoverde, en Chile, ha alcanzado un punto de no retorno este enero de 2026, afectando directamente al 75% de sus trabajadores. La noticia es tendencia absoluta porque, mientras un sindicato minoritario mantiene una huelga radical, la gran mayoría de la fuerza laboral se ve impedida de ejercer su derecho al trabajo debido al bloqueo violento de la planta desaladora y las vías de acceso. Esta parálisis no solo detiene la producción de cobre, sino que pone en riesgo la estabilidad de miles de familias que dependen de la continuidad operacional de este yacimiento estratégico, evidenciando una fractura social y laboral que mantiene en vilo a la región de Atacama.
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Lo que resulta impactante para la industria es la estrategia de asedio que ha dejado a la empresa operando al mínimo técnico y bajo condiciones de seguridad extremas. La información es tendencia porque la compañía ha denunciado que el bloqueo de la infraestructura hídrica es una medida desproporcionada que atenta contra el sustento de la mayoría no huelguista y la integridad de las instalaciones. Ante la imposibilidad de libre tránsito, el ambiente en el campamento minero se ha tornado eléctrico, con denuncias de hostigamiento que han obligado a las autoridades y gremios a exigir la intervención inmediata del Estado para garantizar el orden público y proteger el empleo del grueso de la dotación.
El impacto de este conflicto redefine los límites de las negociaciones colectivas en el sector minero para la segunda mitad de la década. Con el 75% de los empleados «rehenes» de una paralización que no comparten, el caso Mantoverde se ha convertido en un símbolo de la urgencia por legislar sobre la protección de la infraestructura crítica y el derecho al trabajo. Para 2026, este escenario marca un precedente peligroso: si una minoría puede secuestrar la operatividad de una gran mina de cobre, la seguridad jurídica y el atractivo inversor de Chile podrían verse seriamente dañados, afectando no solo a una empresa, sino a toda la cadena de valor que sostiene la economía regional.
