Un Conflicto Ambiental entre Codelco y la Asociación Indígena ASACHI
En un escenario árido y disputado, el Tribunal Ambiental fue testigo de intensos alegatos relacionados con el proyecto «Ajustes Constructivos de Relaves Espesados» de Codelco, donde la Asociación Indígena de Agricultores y Regantes de Chiu-Chiu (ASACHI) busca revocar la Declaración de Impacto Ambiental favorable otorgada a dicho proyecto. La controversia se centra en la ausencia de inclusión de ASACHI en las reuniones requeridas por ley con grupos indígenas, alegando infracciones al deber de consulta del Convenio 169 de la OIT y la omisión de evaluar los impactos acumulativos con proyectos anteriores.
El abogado Christián Rojas Calderón, representante de ASACHI, defendió enérgicamente los intereses del grupo indígena ante el Tribunal, destacando la violación flagrante al reglamento ambiental y la falta de consideración de aspectos clave en la evaluación del proyecto por parte de Codelco. La ASACHI, reconocida por Conadi y integrada por miembros de los pueblos Aymará y Atacameño, busca hacer valer sus derechos y su participación en decisiones que afectan su entorno y sus comunidades.
La defensa del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) argumentó la naturaleza menor del proyecto cuestionado, insistiendo en que no existe una afectación directa a grupos indígenas, y subrayando la experiencia del SEA en la evaluación de proyectos en la zona. Asimismo, se resaltó la inexistencia de una consulta indígena directa debido a la presunta falta de impacto sobre comunidades indígenas en las cercanías del proyecto. Esta postura contrasta con las demandas de ASACHI y su insistencia en la necesidad de evaluar efectos acumulativos y considerar plenamente la consulta indígena en cada etapa del proceso.
El representante legal de Codelco rechazó las acusaciones de ASACHI, argumentando que la reclamación carece de fundamentos sólidos y se basa en suposiciones abstractas. Hizo hincapié en la participación proporcionada a ASACHI durante la evaluación del proyecto, destacando las oportunidades brindadas para la entrega de información. La batalla judicial continúa entre las partes involucradas, reflejando un conflicto ambiental complejo que pone de manifiesto la importancia de la consulta y la transparencia en decisiones que impactan en el medio ambiente y las comunidades locales.
