Minería Ilegal Supera Inversión Formal y Amenaza la Transición Energética
El sector minero peruano se encuentra en una encrucijada crítica, marcada por dos fuerzas contrapuestas. Por un lado, la inversión formal se consolida con proyectos de gran envergadura y una cartera que supera los US$ 60 mil millones, apuntando al cobre como el mineral clave para la transición energética global. Proyectos en Arequipa y el interés estratégico de países como EE. UU. en los minerales críticos peruanos subrayan el potencial de Perú para seguir siendo un líder mundial. Esta proyección positiva se sustenta en cifras de empleo formal récord y una producción creciente, elementos que deberían garantizar estabilidad y crecimiento económico a largo plazo.
Lectura relacionada
Sin embargo, esta promesa de crecimiento se ve ensombrecida por la escalada de la minería ilegal y la informalidad. Se estima que el valor de la minería ilegal en el país ha superado ya la inversión que realiza la minería legal en el sector. Además, cerca del 44% de las exportaciones de oro ilegal de América provendrían de Perú. Este fenómeno no solo representa una pérdida millonaria de recursos fiscales, sino que conlleva graves consecuencias sociales y ambientales: deforestación, contaminación por mercurio, y la infiltración de organizaciones criminales que generan violencia, trata de personas y conflictos en zonas remotas, como Puerto Inca en Huánuco.
Ante este panorama, la tendencia más urgente es la necesidad de una respuesta estatal coordinada. Mientras que el Congreso debate prórrogas polémicas del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), que algunos expertos temen que legitimen la actividad criminal, el Ministerio de Defensa ha solicitado un aumento presupuestario para la interdicción. El futuro de la minería peruana no solo reside en la inversión extranjera, sino en la capacidad del Estado para erradicar el cáncer de la ilegalidad, protegiendo así la reputación del sector formal y asegurando que su riqueza se traduzca en desarrollo sostenible y legítimo para el país.
